La pelea por el reconocimiento del bloque Cambia Río Negro sumó un nuevo capítulo y quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia. El procurador general de la provincia, Jorge Crespo, recomendó declarar improcedente la acción de mandamus presentada por los cinco legisladores que reclaman el reconocimiento pleno de la bancada.
El dictamen sostiene que el conflicto todavía puede resolverse dentro de la propia Legislatura y que existe un mecanismo reglamentario que no fue agotado. Crespo consideró que los legisladores pueden llevar la discusión al recinto para que el cuerpo vote sobre la controversia.

Los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Piccoti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti habían acudido al STJ para exigir el cumplimiento de la Resolución 460/25, firmada por el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, el 30 de diciembre de 2025. Esa resolución había reconocido formalmente al bloque, pero su implementación quedó posteriormente en suspenso.
Para Crespo, la vía judicial resulta prematura porque todavía existe una instancia parlamentaria para resolver la disputa. El procurador sostuvo que el artículo 148 del Reglamento Interno permite que un legislador reclame ante la Presidencia por el incumplimiento de las normas y que, si la controversia persiste, sea la propia Cámara la que la resuelva mediante una votación.
En su dictamen 156/2026, el procurador concluyó que “la acción deducida no reúne los recaudos esenciales que habilitan la viabilidad” del mandamus. También consideró que la instancia parlamentaria continúa abierta y que una intervención judicial en este punto podría afectar la división de poderes.
El conflicto comenzó después de que la Presidencia de la Legislatura reconociera a Cambia Río Negro mediante la Resolución 460/25. Sin embargo, la Comisión de Labor Parlamentaria estableció posteriormente un criterio suspensivo sobre el funcionamiento del espacio, una situación que fue cuestionada por los cinco legisladores.
Desde Cambia Río Negro sostienen que la resolución continúa vigente y que la Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para dejarla sin efecto. “La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria”, afirmó Mc Kidd.
El planteo también reclama que el espacio pueda participar de Labor Parlamentaria, integrar las comisiones permanentes, contar con una asignación conjunta de bancas y participar en los cierres de debate. Para los legisladores, esas restricciones afectan el funcionamiento institucional de la bancada.
El dictamen de Crespo no define la causa. La decisión final estará en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que deberá determinar si corresponde avanzar con el mandamus presentado por los cinco legisladores o seguir el criterio de la Procuración y rechazar la vía judicial.
La discusión tiene además una dimensión política dentro de la Legislatura. Cambia Río Negro está referenciado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello y sostiene que existen antecedentes de otros bloques que fueron reconocidos en circunstancias similares, entre ellos Foro Rionegrino, Eva Perón, Carlos Auyero, Edgardo Castello y Unidad Ciudadana.
Mientras el STJ analiza el planteo, el bloque continúa sin el reconocimiento institucional pleno que reclama. El nuevo escenario deja abierta una alternativa concreta: que la disputa vuelva al recinto y sea la propia Legislatura la que termine definiendo mediante una votación si Cambia Río Negro puede funcionar con todas las atribuciones de una bancada.