Río Negro asumirá rutas deterioradas y busca una emergencia para acelerar las obras

La declaración de Emergencia Vial Provincial que impulsa el Gobierno de Río Negro expone el tamaño del problema que deberá enfrentar la Provincia con el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151. Tras años de deterioro bajo responsabilidad de Nación, el acuerdo prevé que el Estado provincial comience a asumir sectores de ambos corredores, pero también la necesidad de repararlos y sostenerlos.

El proyecto enviado por Alberto Weretilneck a la Legislatura busca habilitar mecanismos para intervenir con mayor rapidez. La pregunta de fondo, sin embargo, no es sólo cómo acelerar las obras, sino con qué recursos Río Negro podrá hacerse cargo de una infraestructura nacional deteriorada que ahora pasará, progresivamente, a la órbita provincial.


 

Emergencia Vial para asumir el costo del deterioro de las rutas

La iniciativa propone declarar la Emergencia Vial por un año, con la posibilidad de extenderla por otro período mediante decreto del Poder Ejecutivo. Vialidad Rionegrina quedaría como autoridad de aplicación y tendría a su cargo la administración, planificación, mantenimiento y ejecución de obras en los tramos que sean transferidos.

La emergencia permitiría agilizar intervenciones frente a ahuellamientos, banquinas deterioradas, problemas de señalización y otros daños. Pero la herramienta administrativa no resuelve por sí sola el principal desafío: recuperar rutas que acumulan años de falta de inversión y que requieren recursos millonarios para volver a condiciones adecuadas de transitabilidad.

El propio esquema del traspaso confirma que la Provincia no asumirá una obra terminada ni una red en óptimas condiciones. Río Negro deberá comenzar a hacerse cargo, justamente, de corredores donde el deterioro se convirtió en uno de los principales reclamos de usuarios, transportistas y sectores productivos.
 

Rutas 22 y 151: el traspaso será progresivo y tramo por tramo

El acuerdo con Nación establece que la transferencia se realizará de manera progresiva. Cada tramo deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué sector pasa a la órbita provincial, en qué condiciones se entrega y desde qué momento Vialidad Rionegrina asume formalmente la responsabilidad.

Ese mecanismo permitirá ordenar la incorporación de los corredores, pero también implica que el Gobierno provincial deberá evaluar, intervenir y financiar cada sector a medida que lo reciba. La emergencia aparece así como una herramienta para acelerar los procedimientos, mientras el verdadero desafío será sostener en el tiempo las inversiones necesarias.

La discusión llega además en un contexto en el que la Provincia ya planteó la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar parte de las obras vinculadas a la recuperación vial. El interrogante es inevitable: la Nación se desprende de rutas nacionales, pero Río Negro deberá encontrar ahora cómo pagar el costo de ponerlas nuevamente en condiciones.


 

Weretilneck busca herramientas para actuar, pero el desafío será financiar las obras

El Gobierno provincial sostiene que necesita contar con capacidad para intervenir rápidamente una vez que tome posesión de los tramos. La Emergencia Vial apunta a responder a esa necesidad y a evitar que los procedimientos administrativos retrasen obras urgentes.

Sin embargo, el cambio de jurisdicción también modifica la discusión política. Lo que hasta ahora era una deuda de Nación con la infraestructura rionegrina comenzará a convertirse, en los hechos, en una obligación concreta para la Provincia.

La Legislatura deberá ahora resolver sobre un proyecto que presenta la emergencia como una respuesta frente al deterioro. Pero detrás de esa declaración hay una discusión mayor: Río Negro se prepara para recibir las rutas 22 y 151 con la urgencia de repararlas, mientras todavía debe demostrar de dónde saldrán los recursos para asumir una responsabilidad que Nación decidió dejar atrás.