La negociación entre Río Negro y el Gobierno nacional para transferir las rutas 22 y 151 a la órbita provincial continúa abierta, aunque todavía existen varios puntos que dificultan el acuerdo. Desde la Provincia señalan que los contratos de obra que permanecen vigentes y la intención de instalar controles de peso sobre las rutas son los principales obstáculos para avanzar.
El Gobierno de Alberto Weretilneck pretende firmar un acta marco que permita concretar el traspaso de manera escalonada. La propuesta contempla comenzar por aquellos sectores que no tienen contratos vigentes o que puedan quedar liberados, mientras Nación busca entregar un paquete cerrado con las cuestiones legales todavía pendientes.
Uno de los principales problemas está concentrado en cuatro tramos de la ampliación de la Ruta 22 que mantienen contratos abiertos. La Provincia pretende que Nación cierre esos acuerdos con las empresas contratistas en un plazo que no supere los 60 días y, a partir de allí, avanzar con la toma de posesión de cada sector.
Entre los tramos que podrían quedar rápidamente bajo administración provincial aparecen los sectores entre Choele Choel y Río Colorado y entre Choele Choel y Chichinales, donde Río Negro podría comenzar a trabajar sin las restricciones derivadas de contratos vigentes.
La situación de la ampliación de la Ruta 22 es especialmente compleja porque la obra comenzó hace 18 años y todavía presenta sectores inconclusos. El tramo 1, entre Chichinales y Godoy, es el único terminado y comprende aproximadamente 22 kilómetros de autovía.

El tramo 2, entre Godoy y Cervantes, fue transformado en autopista y presenta un avance estimado de entre el 90% y el 100%. La obra estuvo a cargo de una UTE integrada por Vial Agro y CN Sapag, aunque actualmente se observan sectores deteriorados en la zona de los puentes elevados entre Mainqué y Cervantes.
El tramo 3, entre Cervantes y J. J. Gómez, prácticamente no avanzó más allá de trabajos en las banquinas. Su desarrollo quedó condicionado por un amparo judicial presentado por la Municipalidad de General Roca luego de una audiencia pública, en relación con las características de los puentes elevados proyectados. La empresa contratista era Decavial.
El tramo 4, entre J. J. Gómez y Fernández Oro, directamente no registró avances. La licitación había sido adjudicada a una UTE conformada por Marcalba, Construmex y Fontana Nicastro.
El tramo 5, entre Fernández Oro y el acceso a Isla Jordán, presenta un avance cercano al 80%. Allí se construyó parte de la autopista, pero también se encuentra uno de los puntos más conflictivos de la ruta: Puente 83. Las obras inconclusas y el deterioro de las calles colectoras generan importantes dificultades para la circulación. La obra está a cargo de una UTE integrada por CPC y CN Sapag.
Finalmente, el tramo 6, entre el acceso a Isla Jordán y el puente que conecta con Neuquén, no registra avances debido a que todavía no cuenta con un proyecto de trabajo.

El otro punto de conflicto entre Provincia y Nación es la intención de Río Negro de instalar controles de peso para camiones en las rutas que eventualmente queden bajo su administración. La medida está vinculada con el plan provincial para invertir en reparación y mantenimiento de la infraestructura vial.
La Provincia gestiona un crédito de aproximadamente US$60 millones ante Fonplata para financiar obras en las rutas 22 y 151. En ese contexto, el Gobierno rionegrino considera necesario controlar el peso de los vehículos de carga para evitar sobrecargas que aceleren el deterioro de las trazas.
Puente 83 aparece como una de las prioridades para una eventual intervención provincial. Según la planificación oficial, ese sector podría ser abordado rápidamente si se concreta el traspaso y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la empresa contratista para destrabar las obras.
La discusión por los controles de peso se suma así a los contratos pendientes y a las cuestiones legales que todavía separan a Río Negro y Nación. Las partes volverán a reunirse en los próximos días para intentar avanzar en un acuerdo que permita definir quién se hará cargo de las rutas nacionales y bajo qué condiciones se producirá el traspaso.