Índice de crianza, cuotas alimentarias y justicia patriarcal

Por: Carolina Gross

Desde el año 2023 el INDEC creó un índice que pone valor a la crianza de niñeces y adolescentes.  Este índice contiene dos componentes:por un lado bienes y servicios necesarios para niñas, niños y adolescentes y por el otro, el tiempo destinado a su cuidado, valorizado (costo del cuidado).

Esta herramienta no solo resulta novedosa, sino que por primera vez permite que los organismos judiciales puedan fijar cuotas alimentarias sobre indicador real y actualizable mensualmente, cuando una madre o padre que tiene a su cargo hijos/as en común con otro/a y realiza un pedido judicial, usualmente se suele fijar como cuota alimentaria  un porcentaje de salario del alimentante- en el mejor de los casos- cuando no, las cuotas son fijadas sobre el Salarió Minimo Vital y Móvil (SMVM), siendo ese último irrisorio en la comparativa con el valor de la Canasta Básica de Alimentos. 

Todo lo cual conlleva a que si no nos encontramos ante una persona con un salario que supere al menos 4 veces el valor del SMV, las cuotas que van a percibir sus hijas e hijos van a ser “cuotas del hambre”, esto a la justicia pareciera no importarle o resultarle indiferente

¿Por qué funcionarios/as judiciales se preocuparían si las niñeces y adolescencias pueden comer, vestirse, ir al colegio, tener cobertura médica, etc? Cuando no se trata de sus hijas e hijos. En varias ocasiones se escuchan por parte de los funcionarios judiciales frases como: “acepta eso porque si lo resuelve el juez va a ser menos”, “ no vas a tener una cuota más alta”, entre otros comentarios conformistas y patriarcales.

Sabido es que, quienes reclaman estas cuotas son en su mayoría mujeres- madres, cuyos salarios son inferiores a los de los padres, en caso de poder contar con un empleo formal o informal y quienes más aportan al PBI con sus tareas de cuidado. Una astuta forma de contrarrestar estas “cuotas del hambre” es equilibrar la balanza dividiendo el tiempo de cuidado en forma equitativa, entre madres y padres, pero ello depende de muchos factores y de cada caso en particular. 
 

En un contexto de pobreza e hiperinflación, donde los sectores vulnerables son los más afectados, una herramienta diseñada y pensada por funcionarios del gobierno anterior- que sigue actualizando la gestión actual-, de convertirse en ley en algunas provincias  y obligar al poder judicial a aplicarlo, podría significar un halo de esperanza para aquellas niñeces y adolescencias cuyos derechos humanos básicos lejos de estar garantizados por el Estado, están siendo violentados.