El gobierno nacional desregula el precio de la yerba mate y elimina el fideicomiso del trigo

Como resultado de la decisión del gobierno nacional, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hasta el 31 de marzo se encargaba de fijar los precios de dicho producto, perdió esa atribución, depositando esa potestad en el “libre mercado”. También se determinó el fín del fondo fiduciario que controlaba el precio del bolsón de harina destinado a la producción de pan.

Así, las diversas cadenas integrantes del esquema de producción, traslado y circulación del bien definirán en negociaciones internas los precios que los consumidores verán reflejados en las góndolas de mayoristas, supermercados y comercios de cercanía.

Desde el INYM, se advierte que este cambio puede perjudicar al pequeño productor, ya que el precio está vinculado al volumen de los stocks de yerba canchada que mantienen las industrias. Si las reservas son altas, el precio tiende a disminuir debido a la menor urgencia de compra.

En cuanto a la situación del INYM, que carece de presidente desde diciembre pasado, los directores que abogan por la regulación anticipan que el impacto negativo en los pequeños productores no se sentirá de inmediato. Sin embargo, proyectan que para agosto, cuando las industrias hayan recompuesto sus stocks de yerba canchada, la presión se intensificará.

La producción de hoja verde en los primeros meses de este año alcanzó su nivel máximo en cuatro años, con 55 millones de kilos, según datos del INYM. Aunque típicamente los stocks tienen una duración de 8 a 9 meses, en ocasiones llegaron a los 12 meses, equivalentes al abastecimiento del mercado interno.

Está desregulación no se limita solo a la materia prima, sino que también impacta en la presión sobre las industrias para abastecer las góndolas con yerba a precios accesibles. Durante años, las empresas tuvieron que ofrecer productos a precios controlados por el gobierno.

En el mismo sentido, el gobierno dispuso el fin del fondo para la estabilización de los precios de los productos derivados de la harina, en especial del pan. Este esquema, establecido por la administración de Fernández, consistía en subsidiar a las empresas, a los molinos.

Específicamente, los fondos del fideicomiso estuvieron dirigidos a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos, que es la que compran las panaderías para hacer pan y para la segunda industrialización. Es la utilizada por las empresas de consumo masivo para producir galletitas, pan de molde, tapas de empanadas, entre otros productos.

El resultado, desde su creación, fue relativamente positivo, ya que el precio del pan logró estar por debajo de la inflación con la creación del fideicomiso.