ATE convocó a todos los abogados del país y busca definir su estrategia jurídica

Con la participación de casi todos los asesores legales de los Consejos Directivos Provinciales, se convocó a una reunión extraordinaria del colectivo de abogados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para abordar la situación de los despidos en la Administración Pública Nacional, unificar criterios y determinar los próximos pasos a seguir en ese ámbito. La reunión se llevó a cabo de manera mixta, con participantes tanto presenciales como remotos.

"El nivel de ataque a los derechos de todos los trabajadores estatales es sumamente grave e inédito. El Gobierno ha decidido socavar el sistema jurídico vigente en nuestro país en su núcleo. La violación de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que la acción del Poder Ejecutivo en este momento no se ajusta a un período democrático", enfatizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, añadiendo: "Además de reafirmar un plan de lucha en aumento con medidas de acción directa que se profundicen en todo el país, también convocamos a una reunión extraordinaria de nuestros equipos jurídicos. Frente a la gran cantidad de despidos y los oscuros y clandestinos métodos para llevarlos a cabo, necesitamos enfrentarlos de manera coordinada".

"La conflictividad en el Estado aumentará rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo para defender a los trabajadores despedidos, sino también porque los delegados y dirigentes sindicales comenzarán a ser criminalizados y perseguidos", concluyó Aguiar.

Tras la reunión, Mariana Amartino, quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordina el Equipo Jurídico Nacional de ATE, señaló: "Realizamos una reunión federal con el objetivo de evaluar la inusual y compleja situación política que estamos enfrentando en el país respecto al empleo público, y hemos decidido acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, a fin de responder de inmediato a las diversas situaciones que puedan surgir a raíz de los despidos masivos en el Estado".

Además de abordar individualmente cada caso desde los Consejos Provinciales, entre otros puntos, en el caso del cierre total de organismos, se acordó realizar presentaciones de manera institucional, considerando la obligación del Estado de proporcionar ciertos servicios y funciones esenciales relacionadas con los derechos.

Asimismo, se están realizando diversas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos frente a posibles incumplimientos por parte del Estado argentino o violaciones de los tratados a los que está suscrito, dado que el trabajo es un derecho humano fundamental para la realización de otros derechos humanos, como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda digna.