Juicio Brigadas: perpetuas para todos, salvo para un defendido por el estudio del actual ministro de justicia

Después de tres años y medio del comienzo del proceso judicial, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de La Plata dio a conocer las sentencias en el Juicio Brigadas, en el que se investigó las responsabilidades del Ejército y del Gobierno provincial de entonces durante la última dictadura cívico militar.

 

En total, fueron 10 condenas a prisión perpetua por los crímenes cometidos en campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 600 víctimas, en un juicio en el que declararon más de 500 personas. Además, hubo una condena a 25 años de prisión y una absolución que benefició al segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones Enrique Augusto Barré, patrocinado por el estudio Cúneo Libarona.

 

Los aplausos y los festejos comenzaron ni bien el juez Ricardo Basílico terminó de leer la sentencia, que también mencionó a cada una de las víctimas de los genocidas como se pudo ver en la transmisión de La Retaguardia. Basílico, afirmó, además, que los crímenes se “cometieron en el marco de un genocidio”.

 

El juicio comenzó en plena pandemia -el 27 de octubre de 2020- con 18 imputados y cerró este martes con 12, a causa de sendos fallecimientos Miguel Ángel Ferreyro, Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Herrero Anzorena y Eduardo Samuel De Lio. Murieron sin escuchar la sentencia, uno en la cárcel y los otros en sus casas.  

 

De los 12 imputados, sólo uno está detenido en la cárcel: Jorge Héctor Di Pasquale, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, Roberto Armando Balmaceda, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo, tienen prisión domiciliaria en sus casas. De ellos, Castillo, Fontana y Barre enfrentan un juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas.

 

Cada uno de ellos siguió la sentencia por Zoom, ya que cumplen sus sentencias en prisión domiciliaria. En varios momentos apagaron las cámaras o salían del cuadro y, cada vez que se leían los delitos de abuso sexual, se escuchó el grito de "violadores".  El único que está en prisión es Di Pasquale, que más temprano dijo que lo que sucedió en la dictadura fue una “guerra”.

 

Los condenados a prisión perpetua por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti fueron:

 

Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.

Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.

Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.

Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura.

Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.

Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio.

Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida como el Infierno de Avellaneda– y en el Pozo de Banfield.

Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601. Además, ya había cumplido su condena previa, por lo que si no era condenado, hubiera quedado en libertad.

 

En tanto, el TOF 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata.

 

La sorpresa llegó para Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield, que resultó absuelto. Hasta diciembre, Barre era defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación y su patrocinio lo siguió el mismo estudio de abogados.

 

En su sentencia, los jueces catalogaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. En minoría, Basílico señaló que los delitos se cometieron en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina durante la dictadura cívico militar.