Paro nacional de ATE amenaza con paralizar las importaciones y exportaciones durante 48 horas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro de 48 horas a partir de este martes, que promete tener un impacto significativo en las actividades de importación y exportación del país. Los puertos, aeropuertos y aduanas experimentarán una detención en sus operaciones, así como los servicios de controles sanitarios.

La medida de fuerza, que coincide con el fin de semana prolongado de Semana Santa y los feriados del 2 de abril, surge como respuesta a la posible reducción del 30% del personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), entidad responsable de las políticas de prevención sanitaria y control normativo en alimentos, animales y vegetales.

La decisión llega en un momento crítico, con la renuncia de funcionarios claves y la amenaza de despidos masivos en la Administración Pública. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, ha declarado que la organización no aceptará la responsabilidad por el impacto negativo en las exportaciones y se opone firmemente a los "despidos ilegales" propuestos por el gobierno de Javier Milei.

Aguiar advierte que la huelga afectará profundamente la economía argentina, deteniendo completamente el comercio internacional. Además, señala que el ajuste propuesto es inadmisible en un organismo que no solo es esencial y se autofinancia, sino que también ha generado ingresos significativos para el Estado.

El SENASA, con la autorización de la Organización Mundial del Comercio para regular las normas fitosanitarias, es vital para las exportaciones argentinas. Sin su intervención, se teme que el estatus sanitario del país se vea comprometido, afectando el comercio con naciones como Estados Unidos y Japón, y poniendo en peligro la competitividad de productos clave en el mercado internacional.

Los trabajadores del estado han prometido intensificar las protestas en los próximos días, en respuesta a la amenaza de cesantías masivas y la expiración de los vínculos laborales el 31 de marzo. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno argentino, que debe equilibrar las demandas fiscales con la estabilidad laboral y la salud económica del país.