La UIA y la Sociedad Rural se oponen al ajuste en CONICET

En un giro inesperado, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural han manifestado su rechazo al ajuste propuesto por Javier Milei, que afectaría al 20% de la planta administrativa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este ajuste también incluiría el congelamiento de los ingresos a la carrera de investigador, una medida que ha generado gran preocupación entre las entidades.

El directorio del CONICET, compuesto por representantes de universidades, provincias, y miembros de la Sociedad Rural y la UIA, ha unido fuerzas en una carta firmada por unanimidad. En ella, advierten sobre los riesgos que conlleva la desfinanciación del organismo, ejecutada por el gobierno actual, que se identifica con ideales libertarios.

La carta destaca que los cambios propuestos en la asignación de becas, las fechas de inicio y las condiciones de las prórrogas, alterando convocatorias ya establecidas, tendrán "consecuencias muy negativas que se van a prolongar por años". Estos cambios, según los firmantes, perjudicarán la formación del personal científico-tecnológico y, por ende, las posibilidades de desarrollo nacional.

Nicolás Posse, Jefe de Gabinete, ha sido firme en su postura de que el CONICET debe reducir su personal administrativo en un 20%, lo que se traduce en aproximadamente 260 despidos. Gonzalo Sanz Cerbino, investigador adjunto y delegado de ATE, ha refutado esta medida en redes sociales, señalando que las auditorías realizadas durante la administración anterior demostraron que la planta administrativa ya opera en niveles subóptimos.

El conflicto se intensificó el martes cuando Daniel Salamone, destacado clonador y titular del CONICET, autorizó al área de recursos humanos para solicitar a los consejos técnicos provinciales una lista de los empleados a ser despedidos. Sanz Cerbino ha rechazado esta acción, alegando que no se han realizado auditorías y que los despidos responden a un porcentaje arbitrario impuesto sin justificación.

Este enfrentamiento pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de ajuste fiscal y la importancia de mantener una base sólida para la investigación y el desarrollo científico en Argentina.