Milei: dos meses de gobierno, dos meses de ajuste

El gobierno de Javier Milei acaba de cumplir ayer sus dos primeros meses desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. En este breve período, el presidente libertario ha implementado una serie de medidas de desregulación económica, privatización de empresas públicas, reforma laboral, reforma tributaria y reforma del Estado que han generado un fuerte impacto social y una amplia resistencia de diversos sectores de la sociedad.

 

Los más afectados por el ajuste son los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los inquilinos, los usuarios de servicios públicos, los consumidores y los pequeños y medianos empresarios. Todos ellos han visto caer su poder adquisitivo, sus condiciones de vida y sus derechos laborales y sociales.

 

Según el último informe del Indec, el índice de salarios subió el año pasado 152,7%, muy por debajo de la inflación minorista, que se elevó a 221,4%. Esto implica una pérdida de 62 puntos porcentuales en el poder de compra de los trabajadores en apenas un año. Además, el gobierno eliminó la gratuidad de las cuentas sueldo, impuso un banco de horas que elimina las horas extras, redujo las indemnizaciones por despido y limitó el derecho a huelga.

 

Los estudiantes también están sufriendo las consecuencias de las políticas de Milei. El gobierno recortó el presupuesto de las universidades públicas, aumentó desmedidamente los alquileres al derogarse la ley de alquileres y aumentó las tarifas del transporte público. Muchos estudiantes tienen que elegir entre comer o estudiar, o entre trabajar y estudiar. Algunos incluso tienen que abandonar sus carreras por no poder afrontar los costos.

 

Los inquilinos son otro sector golpeado por el ajuste. El gobierno derogó la ley de alquileres, que establecía un plazo mínimo de contrato, un límite al aumento de los precios, una garantía de acceso a la vivienda y una protección frente a los desalojos. Ahora, los propietarios pueden poner los alquileres en dólares, pedir meses por adelantado, exigir cualquier monto como depósito y rescindir el contrato cuando quieran. Esto ha provocado una suba de los alquileres de entre el 20 y el 30% en algunas provincias.

 

Los usuarios de servicios públicos también han visto aumentar sus facturas. El gobierno eliminó los subsidios al transporte, la energía, el gas y el agua, y dejó librados los precios a la oferta y la demanda. Esto ha generado aumentos de hasta el 250% en el boleto de colectivo, el 170% en la luz, el 150% en el gas y el 100% en el agua.

 

Los consumidores también han sufrido el impacto de la desregulación económica. El gobierno eliminó el observatorio de precios, la ley de góndolas, la ley de abastecimiento y la ley de defensa del consumidor. Esto ha permitido a las grandes empresas formar carteles, fijar precios abusivos, acaparar mercados y reducir la calidad de los productos. Los medicamentos, los alimentos, las prepagas y las farmacias han sido algunos de los rubros más afectados por la inflación y la desregulación.

 

Los pequeños y medianos empresarios también han sido perjudicados por las medidas de Milei. El gobierno eliminó el régimen de monotributo, que permitía a los trabajadores independientes pagar un impuesto único y acceder a la seguridad social. Ahora, deben inscribirse en el régimen general, que implica mayores cargas tributarias y laborales. Además, el gobierno eliminó el fondo compensador del interior, que subsidiaba el transporte de mercaderías en las provincias. Esto ha encarecido los costos de producción y logística de las pymes.

 

Frente a este panorama, diversos sectores de la sociedad se han movilizado para expresar su rechazo al ajuste de Milei. La CGT, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, los partidos de la oposición, los gobernadores, los intendentes, los sindicatos, las universidades, las cooperativas, las cámaras empresariales y los ciudadanos han realizado marchas, paros, cacerolazos, asambleas y petitorios para exigir al gobierno que cambie el rumbo de su política económica y social.

 

Sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos a los reclamos y ha profundizado su plan de ajuste. Tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, que pretendía imponer un conjunto de reformas estructurales, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron un nuevo plan económico a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que contiene 366 artículos de diferentes modificaciones y derogaciones.

 

Este DNU, que entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023, ha sido cuestionado por su inconstitucionalidad, su arbitrariedad y su ilegitimidad. La oposición ha anunciado que lo impugnará en el Congreso y en la Justicia.

 

Mientras tanto, la crisis económica y social se agrava día a día. La pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación, la deuda, el déficit, la recesión, la fuga de capitales, la caída de la producción, el consumo y la inversión son algunos de los indicadores que muestran el deterioro de la situación del país.

 

A dos meses de su asunción, el gobierno de Milei ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas de los argentinos y su voluntad de beneficiar a los sectores más concentrados de la economía. Su proyecto de desregulación económica, privatización de empresas públicas, reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria y reforma del Estado ha generado un profundo rechazo social y una amplia resistencia de diversos sectores de la sociedad.

 

La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo podrá sostener Milei su plan de ajuste frente a la creciente oposición popular? ¿Qué alternativas se abren para construir un proyecto de país más justo, solidario y soberano?