El Gobierno interviene los medios públicos por un año

Por: Lautaro A. Hermosilla V.

El presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, firmaron el decreto 117/2024 que dispone la intervención por un año de la plataforma educ.ar, la agencia Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, con el objetivo de "optimizar la gestión administrativa" de estos organismos.

El decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca a la agencia Télam, TV Pública, Radio Nacional, el programa educ.ar y los canales Encuentro y Paka Paka, entre otros. Los interventores designados son el abogado Diego Martín Chaher, como interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar; y el abogado Sebastián Marías, como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.

Según el decreto, los interventores tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente, y deberán elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo.

Además, los interventores podrán modificar el Estatuto para el Personal del organismo, el régimen de administración de fondos, el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios, la denominación de los organismos, la estructura orgánica y funcional, los organigramas, los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete, y revisar la administración de compras y contrataciones. También podrán disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones y los bienes que se recepcionan.

La medida fue tomada en medio de una fuerte crisis económica y social que atraviesa el país, y generó diversas reacciones en el ámbito político, sindical y periodístico. Mientras que desde el oficialismo se argumentó que se busca "garantizar la pluralidad de voces y la calidad de los contenidos", desde la oposición se denunció una "persecución ideológica" y una "violación a la libertad de expresión".