AFIP reactiva embargos y ejecuciones fiscales contra las Pymes

A partir de este Jueves 1 de febrero, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Argentina se enfrentan a una situación crítica: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reanudará los embargos de cuentas y las ejecuciones fiscales contra aquellos contribuyentes que tengan deudas impositivas o con la seguridad social. Esta medida se produce tras el final de la feria judicial y la expiración de una resolución que había detenido estos procedimientos hasta el 31 de diciembre de 2023, otorgando un alivio temporal a este vital sector de la economía argentina.

La Resolución General 5425, implementada por el ex ministro de Economía Sergio Massa en septiembre de 2023, había suspendido el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares contra pequeños contribuyentes y micro y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar su regularización fiscal. Además, se habían introducido planes de pago especiales para que estas empresas pudieran cancelar sus deudas, incluyendo intereses y multas acumuladas hasta el 31 de agosto del mismo año.

Sin embargo, la decisión de no renovar la medida implica que, a partir de febrero, la AFIP podrá proceder con embargos y ejecuciones fiscales sobre aquellos deudores morosos que no hayan acogido a los planes de pago o que hayan incumplido con los mismos. Esta situación plantea serios desafíos para las Pymes, que ya se encuentran en una posición vulnerable debido al contexto económico actual, marcado por la incertidumbre y el riesgo de recesión.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las Pymes representan el 99% de las empresas del país, generan el 70% del empleo y el 44% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, también son las más afectadas por la crisis económica, la inflación, la presión tributaria, la falta de crédito y la competencia desleal. De acuerdo con un informe de la CAME, el 2023 fue el peor año para las Pymes desde el 2002, con una caída del 6,9% en la producción y el cierre de más de 25 mil empresas.

La falta de una moratoria y la reanudación de las acciones fiscales representan un "febrero fiscalmente sangriento", según declaró el empresario y economista Gustavo Lázzari. La ausencia de medidas de alivio pone en riesgo no solo la estabilidad financiera de las Pymes sino también su capacidad para contribuir al desarrollo económico del país. El debate sobre cómo equilibrar las necesidades del sector privado con las exigencias fiscales del estado resalta la complejidad de la situación. Mientras algunos argumentan la necesidad de un nuevo proyecto que contemple las dificultades que enfrentan las Pymes, otros subrayan la importancia de garantizar los ingresos fiscales para mantener las finanzas públicas.