Caputo recorta el envío de fondos a las universidades públicas y crece la tensión con los gobernadores

Por: Lautaro A. Hermosilla V.

La medida afecta principalmente a las universidades públicas, que podrían demorar el pago de haberes del mes de febrero. La decisión se enmarca en el conflicto entre el Gobierno y los gobernadores que rechazan el paquete fiscal impulsado por el presidente Javier Milei.

El Gobierno nacional endureció su postura frente a los gobernadores que se oponen al proyecto de ley ómnibus que busca modificar el régimen tributario, previsional y laboral. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que no renovará la «Comunicación ‘A’ 7674» del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que vence el próximo miércoles 31 de enero y que habilitaba a las entidades bancarias a otorgar adelantos transitorios al sector público no financiero con destino «al pago de haberes».

La medida afecta principalmente a las universidades públicas, que dependen del estado nacional y que utilizan esta herramienta para solicitar al Banco Nación los fondos necesarios para pagar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes durante los primeros días de mes, hasta que el Gobierno les gira las partidas correspondientes. Sin este mecanismo, las instituciones educativas podrían sufrir demoras en el pago de haberes del mes de febrero, lo que generaría un impacto negativo en la cadena de pagos del sector financiero y productivo.

Las universidades públicas fueron las primeras en alertar sobre esta situación y en reclamar al Gobierno que revea su decisión. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por el recorte de fondos y solicitó una «urgente audiencia» con el ministro Caputo. El CIN también advirtió que la medida «pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades nacionales y el cumplimiento de sus obligaciones salariales».

La decisión del Gobierno se enmarca en el conflicto que mantiene con los gobernadores que se resisten a apoyar el proyecto de ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, quien busca modificar el régimen tributario, previsional y laboral con el objetivo de reducir el déficit fiscal y atraer inversiones. La semana pasada, el mandatario Javier Milei habría amenazado a los gobernadores «rebeldes» con dejarlos «sin un peso» y «fundirlos a todos», según trascendió de una reunión de gabinete.

El viernes pasado, el Gobierno anunció que retiraba el capítulo fiscal de la ley ómnibus, que preveía una rebaja de impuestos a las provincias, ante la falta de consenso en el Congreso. Sin embargo, el ministro Caputo aseguró que el Gobierno seguirá adelante con el resto de las reformas y que buscará el apoyo de los legisladores de la oposición. El principal interrogante sigue siendo si habrá sesión en la cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y necesita el respaldo de otros bloques.

La oposición, por su parte, cuestionó la actitud del Gobierno y denunció que se trata de una «extorsión» y un «chantaje» a las provincias y a las universidades públicas.