Paralización del Procrear: un golpe a la política habitacional y al empleo

Por: Lautaro A. Hermosilla V.

La crisis política que atraviesa el Gobierno nacional ha tenido un impacto negativo en uno de los programas más exitosos y populares de los últimos años: el Procrear. Se trata de una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a través de créditos blandos y subsidios, y que además genera miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Sin embargo, desde hace semanas, el Procrear se encuentra paralizado por orden del Ministerio de Infraestructura, que está en el centro de una fuerte disputa interna tras el despido de su secretario de Obras Públicas, Guillermo Ferraro. Según fuentes oficiales, el motivo de la paralización es realizar un "relevamiento" de las obras en curso, que suman casi 17 mil viviendas en distintas etapas de ejecución.

Esta medida ha generado incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios del programa, que temen perder la oportunidad de acceder a su casa propia, y entre los trabajadores de la construcción, que ven peligrar sus empleos. Según estimaciones del sector, el Procrear requiere de unos 90 mil trabajadores para completar las 30 mil viviendas proyectadas para ser entregadas en los próximos meses.

El Procrear fue relanzado en agosto de 2020 por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ha otorgado más de 180 mil créditos para construcción y adjudicado unas 130 mil viviendas desde entonces. El programa cuenta con tres líneas de créditos: Casa Propia, para la construcción de una vivienda única; Desarrollos Urbanísticos, para la compra de viviendas nuevas; y Lotes con Servicios + Construcción, para la generación de suelo urbano de calidad.

El Procrear es considerado una política pública de gran alcance social y económico, ya que no solo brinda soluciones habitacionales a familias de bajos y medios ingresos, sino que también dinamiza la actividad de la construcción, uno de los motores de la economía nacional. Por eso, su paralización representa un golpe duro para el Gobierno, que busca recuperar la confianza y el apoyo de la ciudadanía en un año electoral.