Lilia Lemoine, diputada electa por el espacio de Javier Milei, amenazó a una periodista “procurá ser una buena trabajadora”

Por: Lautaro A. Hermosilla V.

La pregunta de la periodista fue si utilizaba el transporte público, a lo que respondió “Tenes mala intención vos, no quiero hablar con vos” luego continuó, "vamos a cerrar la Televisión Pública, la vamos a privatizar”. A lo que le vuelven a preguntar, por los medios públicos, la libertad, la democracia y el pluralismo a lo que respondió: “Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”.

 

Estas afirmaciones de Lilia Lemoine han generado gran preocupación en el ámbito periodístico y en defensores de la libertad de expresión. La privatización de los medios públicos podría limitar la pluralidad de voces y el acceso a información imparcial por parte de la ciudadanía.

 

Los medios de comunicación públicos cumplen un papel fundamental en una sociedad democrática al garantizar la diversidad de opiniones y brindar acceso a información de interés público. Además, son un espacio para el debate y la discusión de temas relevantes para la sociedad.

 

La cancelación de los medios de comunicación públicos significaría un retroceso en la garantía de una prensa libre e independiente. Privar a la ciudadanía de estos espacios implica limitar su derecho a la información veraz y objetiva, coartando la posibilidad de formarse opiniones informadas.

 

Además, la postura de Lilia Lemoine hacia la periodista en la entrevista refleja una actitud despreciativa y poco respetuosa hacia el ejercicio del periodismo. Es fundamental valorar el trabajo de los profesionales de la comunicación, quienes juegan un rol esencial en la sociedad al investigar, informar y fiscalizar el poder.

 

Por tanto, resulta necesario enfatizar la importancia de defender y proteger los medios de comunicación públicos como pilares fundamentales de una sociedad democrática. Estos espacios deben ser preservados y fortalecidos para garantizar la pluralidad, el acceso a la información y la libertad de expresión.

 

Es responsabilidad de los actores políticos y de la sociedad en su conjunto velar por la protección de los medios de comunicación públicos, siendo conscientes de su relevancia como herramientas de construcción de una sociedad informada y participativa.