Desde que asumió la actual Presidenta murieron 50 personas por la feroz represión policial

Una vez más América Latina se encuentra en una grave crisis social, económica y política, que sacude los cimientos de los países, generando caos y desestabilidad en la región. Como sucedió en Brasil hace unos días, en Perú vienen ocurriendo hechos luego de la destitución de Pedro Castillo, muy violentos que provocaron la muerte de unas 50 personas por parte de la policía. 

Un caso similar al de Ecuador, que cuando asumió el vice de Rafael Correa, Lenin Moreno, el Gobierno de ese entoncescambio radicalmente, volviendose más de derecha, y al igual que Brasil, en Perú la asunción de Dina Boluarte, quien era vice de Pedro Castillo, es muy similar y volcó su Gobierno en una dirección totalmente opuesta que es palpable por la represión de la policía a los miles de manifestantes que protestan en las calles contra la actual Administración decidida por el "Congreso".  

La represión policial que en el último mes provocó al menos 46 muertos y decenas de heridos, y las historias y los reclamos de las personas que están saliendo a las calles prácticamente no aparecen en los grandes medios nacionales o de Lima. Además, ni el Gobierno parece estar dispuesto a cambiar el rumbo ni los otros dos poderes del Estado lo está presionando para que ponga fin a la crisis.

En tanto, desde el Congreso, la institución con peor imagen del país, las pocas voces que desde las instituciones en Lima denuncian "un baño de sangre", desde la izquierda fueron algunas de las que garantizaron esta semana que no se inhabilitara a Freddy Díaz un diputado acusado de drogar, secuestrar y violar a una de sus empleadas en el mismo edificio del Congreso, destacó Cárdenas. Tampoco están acompañando las protestas en las calles ni parecen estar poniéndose al frente de ellas.

Por otro lado, el martes la fiscal nacional Patricia Benavides abrió una investigación contra la presidenta Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por "genocidio", un delito con una pena máxima de 20 años y que supone la matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, pero medios locales que evidencian los hechos afirman que  "es una denuncia para que no pase nada. El delito de genocidio es casi imposible de probar. La Fiscalía está muy cuestionada por su cercanía con la extrema derecha y porque la hermana de la fiscal está siendo investigada por liberar narcotraficante y ella decidió remover a quienes la investigaban", explicaron.

A su vez, este miércoles llegó al país una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y se quedará hasta el viernes para analizar la situación de derechos humanos, especialmente en relación a las protestas. La expectativa de los que denuncian la violencia en Perú es poder acercarle pruebas de lo que algunos ya califican como presuntos crímenes de lesa humanidad.

La crisis política y social que deja sin remedio a Perú es el mejor ejemplo de como la región latinoaméricana esta siendo atacada por poderes internos de derecha, financiadas por grupos extremos extranjeros y grandes corporaciones para generar caos y desestabilizar a los gobiernos de centro y de izqueirda, recayendo nuevamente en una guerra de baja intensidad.