Por: Redacción
El reclamo de Río Grande por los fondos que debe girarle la Provincia llegó a la Legislatura de Tierra del Fuego con un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella. El periodista Carlos Roberto Muzón presentó la denuncia el miércoles 11 de noviembre y sostuvo que las demoras en las transferencias podrían constituir un incumplimiento de las obligaciones constitucionales del mandatario.
Muzón solicitó que se conforme una comisión investigadora y que intervenga la Sala Acusadora de la Legislatura. También pidió la destitución y la inhabilitación de Melella para ejercer cargos públicos si se acredita su responsabilidad. Hasta el jueves 12, el trámite se encontraba en la etapa de presentación de la denuncia.
La Municipalidad de Río Grande, que conduce el intendente Martín Pérez, intimó a la Provincia a regularizar las transferencias. Según los registros municipales, al 30 de septiembre estaban pendientes más de $17.294 millones en concepto de coparticipación, regalías y otros fondos. La cifra corresponde al saldo informado por el municipio a esa fecha.

El 3 de noviembre, el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, se reunió en Ushuaia con representantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Según el municipio riograndense, el encuentro terminó sin un cronograma para cancelar los pagos pendientes. El miércoles, la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, sostuvo que la demora "profundiza las restricciones financieras del Municipio y condiciona nuestra capacidad de respuesta".
En su presentación, Muzón citó el caso de Jorge Colazo, destituido como gobernador de Tierra del Fuego en 2005 tras un juicio político. Entre los cargos que se discutieron en aquel proceso figuraba la retención de fondos coparticipables que correspondían a Río Grande.
El denunciante también recordó que Melella había reclamado al gobierno provincial por demoras en el envío de esos recursos cuando era intendente de Río Grande. La disputa por los giros vuelve ahora a enfrentar al municipio con la Provincia, con Melella al frente del Ejecutivo fueguino.
La Constitución de Tierra del Fuego permite que cualquier persona en pleno ejercicio de sus derechos presente una denuncia de juicio político. El procedimiento prevé que una comisión investigadora examine los hechos y que la Sala Acusadora decida, con el voto de dos tercios de la totalidad de sus integrantes, si corresponde llevar al gobernador a juicio.
Si la Sala Acusadora reúne esa mayoría, Melella quedaría suspendido en sus funciones mientras la Sala Juzgadora tramita el caso. La primera decisión legislativa pendiente es el tratamiento de la presentación de Muzón.