La Justicia electoral apura al Congreso: advierte que se acorta el plazo para cambiar las reglas

Por: Redacción

La Cámara Nacional Electoral (CNE) envió una advertencia al Congreso en medio de las discusiones por una eventual reforma política. A través de la Acordada Extraordinaria 155, fechada el 8 de septiembre, el tribunal reclamó que cualquier modificación del sistema electoral respete los estándares internacionales y se apruebe con suficiente anticipación a las elecciones de 2027.

El pronunciamiento se produjo mientras distintas iniciativas vinculadas con el régimen electoral, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas permanecen en condiciones de ser debatidas en el Parlamento. Aunque la Justicia no cuestionó el contenido de los proyectos, puso el foco en los tiempos necesarios para reglamentar y aplicar los cambios sin comprometer la organización de los comicios.

Los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas aclararon que la acordada no constituye una evaluación sobre la conveniencia política de las propuestas, una atribución que corresponde a los poderes constitucionalmente habilitados. El mensaje, sin embargo, fue concreto: las decisiones legislativas deben contemplar los plazos que requiere la administración electoral.
 

La advertencia por los plazos de la reforma electoral

La Cámara recordó que los organismos internacionales recomiendan mantener reglas electorales claras y estables, especialmente a medida que se aproxima una elección. Como referencia, citó el manual de observación de sistemas de justicia electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que aconseja introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.

También mencionó el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que recomienda no modificar los elementos fundamentales del derecho electoral durante el año previo a los comicios.

El planteo tiene una dimensión práctica. Los cronogramas electorales incluyen plazos perentorios que no pueden extenderse libremente. Cambios en las categorías de cargos, los requisitos para los partidos, la selección de candidaturas, las boletas o los controles sobre el financiamiento pueden obligar a modificar procedimientos, reglamentos y sistemas de fiscalización.

Por eso, la CNE necesita contar con tiempo para coordinar la implementación con los juzgados federales electorales de todo el país, las agrupaciones políticas y las distintas autoridades involucradas. Una reforma aprobada cerca de los comicios podría generar dificultades administrativas y obligar a adaptar procedimientos sobre la marcha.


 

El antecedente de las PASO y la selección de candidatos

Uno de los principales antecedentes que recuperó el tribunal fue la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para los comicios nacionales de 2025, dispuesta por la Ley 27.783.

En aquella oportunidad, la Cámara emitió la Acordada 37/2025 y pidió a los partidos que adecuaran sus estatutos para garantizar mecanismos de democracia interna ante la ausencia de las primarias. La experiencia posterior mostró las dificultades de esa transición: de las 626 agrupaciones políticas que participaron, todas salvo una alianza recurrieron a mecanismos de designación de candidatos sin el voto directo de sus afiliados, según consignó el tribunal.

El antecedente cobra relevancia frente a una nueva discusión sobre las PASO. La eventual eliminación o suspensión del mecanismo no solo implica una decisión legislativa: también exige definir cómo se elegirán las candidaturas y qué procedimientos deberán aplicar los partidos para cumplir con las normas vigentes.

La Cámara también recordó un seminario realizado en marzo junto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en el que magistrados, autoridades electorales, dirigentes y especialistas analizaron los desafíos de la organización electoral. Entre los temas abordados estuvo la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en las elecciones nacionales de 2025.
 

El Congreso conserva la decisión, pero el calendario presiona

La acordada fue comunicada al Congreso y a organismos vinculados con la administración electoral, entre ellos la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la Dirección Nacional Electoral, los juzgados federales con competencia electoral y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos.

La intervención judicial no impide que los legisladores debatan y sancionen una reforma. La advertencia apunta a que las decisiones se adopten con margen suficiente para su reglamentación, la adecuación de los partidos y la preparación de las autoridades electorales.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el tiempo se convirtió en una variable central de la discusión. Las definiciones sobre las PASO, las reglas para seleccionar candidatos y el financiamiento de las campañas deberán avanzar sin perder de vista una exigencia institucional: que las nuevas disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva y que los competidores conozcan las reglas antes de que comience la carrera electoral.