Barotto quedó bajo sospecha política tras apartarse de la causa Techo Digno

Por: Redacción

La denuncia de sectores de la oposición contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por su actuación en la megacausa Techo Digno abrió un nuevo frente de tensión política e institucional en Río Negro. En medio del pedido de juicio político contra cuatro magistrados, la decisión del juez Sergio Barotto de apartarse de la intervención judicial también quedó bajo la lupa.

Los bloques Vamos con Todos y Cambia Río Negro presentaron ante la Sala Acusadora de la Legislatura una denuncia contra Sergio Ceci, Liliana Piccinini, Cecilia Criado y Ricardo Apcarián. A esa iniciativa se sumó una presentación ante el Consejo de la Magistratura contra el juez del Tribunal de Impugnación Adrián Zimmermann, quien intervino como conjuez tras la excusación de Barotto.

La ausencia del magistrado roquense en las denuncias abrió interrogantes en ámbitos judiciales y políticos. Su apartamiento habría generado incomodidad entre integrantes del máximo tribunal, que quedaron expuestos públicamente por las acusaciones opositoras. El movimiento tampoco pasó inadvertido para el Gobierno provincial, donde tomaron nota de su decisión.
 

La excusación de Barotto y las lecturas políticas

Barotto se excusó de intervenir en el expediente y su lugar fue ocupado por Zimmermann. Esa decisión explica por qué el juez del STJ no quedó incluido en las presentaciones opositoras vinculadas con el accionar del máximo tribunal en la causa Techo Digno.

Sin embargo, el apartamiento abrió especulaciones sobre sus motivos y sus posibles consecuencias dentro del Poder Judicial. En el escenario político rionegrino también se recordó el contexto de su llegada al Superior Tribunal, en 2012, cuando el máximo órgano judicial estaba integrado por tres vocales.

Su designación coincidió con el recambio institucional posterior al triunfo de la fórmula integrada por Carlos Soria y Alberto Weretilneck en 2011. En aquel proceso, Barotto llegó al tribunal con el respaldo del Colegio de Abogados de Roca y el impulso político que se vinculó con Martín Soria. Esos antecedentes alimentan las interpretaciones sobre su posicionamiento actual, aunque no constituyen por sí mismos una explicación comprobada de su excusación.


 

Un juicio político con un camino institucional complejo

La Constitución de Río Negro establece, en sus artículos 150 a 160, el procedimiento para someter a juicio político a integrantes del STJ, al gobernador, al vicegobernador y a los ministros. Entre las causales previstas figuran los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los delitos comunes, la incapacidad sobreviniente y el incumplimiento de los deberes del cargo.

Cualquier legislador o habitante de la provincia puede presentar una denuncia ante la Sala Acusadora. A partir de allí, una comisión debe investigar los hechos y elaborar un dictamen en un plazo de 40 días. Para que la acusación avance se necesitan dos tercios de los legisladores presentes en esa sala, una exigencia que supera la mayoría simple.

Si la acusación es aprobada, los magistrados alcanzados quedan suspendidos de sus funciones y la Sala Acusadora designa a tres integrantes para sostenerla ante la Sala Juzgadora. Esta última debe pronunciarse dentro de los 30 días posteriores a la presentación. Si no lo hace en ese plazo, el funcionario recupera el ejercicio de sus funciones.

La destitución requiere el voto afirmativo de dos tercios de la totalidad de los integrantes de la Sala Juzgadora. En el esquema legislativo descripto en la presentación, eso implica alcanzar al menos 16 votos. Una eventual decisión política tampoco reemplaza el proceso penal que pudiera corresponder ante la Justicia ordinaria.


 

La distribución de las bancas complica a la oposición

La Legislatura rionegrina está integrada por 46 representantes, distribuidos en dos salas de 23 miembros. Entre los firmantes de las denuncias, cinco integran la Sala Acusadora: José Luis Berros, Ayelén Spósito, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Marcela González Abdala.

Los otros seis firmantes forman parte de la Sala Juzgadora: Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Patricia Mc Kidd, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti. La distribución de los legisladores que impulsan las presentaciones entre ambas instancias impide trasladar automáticamente sus firmas a una mayoría suficiente para avanzar en el proceso.

En la primera etapa, el cálculo puede variar según la cantidad de legisladores presentes, ya que la mayoría requerida se establece sobre los asistentes. En la Sala Juzgadora, en cambio, el requisito de dos tercios de la totalidad de sus integrantes fija el piso en 16 votos.

Con una composición en la que el oficialismo y sus aliados tienen un peso significativo, la oposición enfrenta un obstáculo político considerable para conseguir una destitución. Así, mientras las denuncias ponen bajo presión al máximo tribunal y reavivan las disputas en torno a Techo Digno, la excusación de Barotto suma un capítulo de desconfianza en un conflicto cuyo desenlace dependerá tanto de los argumentos institucionales como de las mayorías legislativas.