Por: Redacción
El Gobierno nacional defendió este martes en la Cámara de Diputados la reducción de 81.000 puestos de trabajo en la administración pública desde diciembre de 2023. La exposición estuvo a cargo de los secretarios Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace, del Ministerio de Desregulación, en el marco del debate por el Presupuesto 2027.
Fariña sostuvo que la planta estatal se redujo un 16% durante la gestión de Javier Milei y presentó el ajuste como una fuente de ahorro permanente. Según detalló, los ministerios pasaron de 18 a 8 y los organismos nacionales, de 117 a 91. También informó que las autoridades superiores disminuyeron de 307 a 192, con un ahorro anual estimado en $15.000 millones.

“El ahorro es permanente”, afirmó Fariña al defender la política de reducción de personal. El funcionario aseguró que los puestos eliminados no fueron reemplazados y utilizó como ejemplo a Vialidad Nacional, que —según indicó— contaba con 1.543 cargos jerárquicos para una planta de aproximadamente 5.300 empleados.
El secretario anunció, además, una nueva convocatoria a retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional, que estará abierta del 1 al 30 de noviembre. En la primera convocatoria se habían adherido más de 5.200 personas.
Otro de los objetivos planteados para 2027 es unificar la liquidación de salarios del Estado en un sistema único. Actualmente, según Fariña, funcionan más de 150 sistemas diferentes para procesar los haberes de los empleados públicos.

Por su parte, Alejandro Cacace vinculó la reducción de la estructura estatal con las reformas impulsadas a partir de la Ley Bases. Entre los cambios que destacó mencionó la eliminación del denominado barril criollo, el mecanismo que permitía comercializar petróleo en el mercado interno a un precio distinto del de exportación.
El secretario atribuyó a esa modificación el récord de exportaciones de petróleo y combustibles, y proyectó que en una década el sector energético podría alcanzar un nivel exportador comparable al del agro. También enumeró iniciativas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso, entre ellas la Ley Hojarasca, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la inviolabilidad de la propiedad privada y la creación de un mercado de carbono.
Las exposiciones generaron cuestionamientos de Unión por la Patria. La diputada Victoria Tolosa Paz criticó las desregulaciones y acusó al Gobierno de impulsar un proceso de “industricidio”, mientras que el diputado Ernesto Alí puso el foco en el recorte de personal de Vialidad Nacional.
“No se trata de echar funcionarios, sino de hacer rutas”, planteó Alí, quien advirtió sobre las consecuencias de reducir estructuras vinculadas con la infraestructura pública. En la misma línea, Sabrina Selva alertó sobre el deterioro de las rutas nacionales.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el dictamen del Presupuesto 2027 no se apresure y propuso postergar su firma hasta una fecha más cercana al 18 de noviembre, día que el oficialismo evalúa para llevar el proyecto al recinto. La discusión expuso así dos posiciones contrapuestas: el Gobierno defiende la reducción del gasto y de la estructura estatal como un ahorro permanente, mientras la oposición advierte sobre sus efectos en los servicios públicos y la capacidad operativa del Estado.