Diputados restituyó la Ley de Tierras y dejó al Senado la decisión final

Por: Redacción

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la restitución de la Ley de Tierras dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y giró el texto al Senado para su definición final. La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en una sesión ajustada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para reunir apoyos.

La modificación implica un cambio de rumbo para el Gobierno nacional, que había impulsado la derogación de la norma mediante el DNU 70/23. Con la nueva redacción, se elimina el artículo del decreto que había dejado sin efecto la ley y se recuperan sus restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.



 

Una votación ajustada y abstenciones decisivas

El resultado dependió, en buena medida, de la posición adoptada por legisladores de Provincias Unidas vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora. Cinco de los seis diputados de ese espacio se abstuvieron, al igual que Álvaro González, del sector de Horacio Rodríguez Larreta. Si los cordobeses hubieran votado en contra, la Cámara habría terminado empatada y la definición habría quedado en manos del presidente del cuerpo, Martín Menem.

Desde el cordobesismo justificaron la decisión al cuestionar que el proyecto reuniera distintas reformas en una misma iniciativa. Sin embargo, destacaron que el objetivo central era recuperar la Ley de Tierras. En la votación particular de ese capítulo, la restitución consiguió un respaldo mucho más amplio: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones.

El cambio representa un revés para el planteo original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que buscaba eliminar las restricciones a la extranjerización. La norma restituida establece, entre otras limitaciones, un tope del 15% de la superficie nacional en manos extranjeras, con límites equivalentes para provincias y departamentos.


 

El Gobierno cambió la estrategia para sostener el DNU

La restitución de la ley se incorporó a un proyecto que originalmente avanzaba sobre otros aspectos de la propiedad privada. La Libertad Avanza modificó su estrategia en medio de la ofensiva opositora contra el DNU 70/23 y ante el riesgo de que la Cámara rechazara el decreto en su conjunto.

El debate también reflejó las tensiones políticas que generó la iniciativa. El diputado massista Diego Giuliano sostuvo que el oficialismo terminó regresando a la legislación que había buscado eliminar. Por su parte, el radical Pablo Juliano cuestionó que La Libertad Avanza recurriera a una norma sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner después de haber intentado derogarla.

El proyecto había llegado al Congreso con seis capítulos, pero perdió varios de sus componentes durante la negociación legislativa. El oficialismo desistió de cambios vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares y a la Ley de Manejo del Fuego. La restitución de la Ley de Tierras se convirtió luego en una pieza central para reconfigurar el texto y reducir el riesgo de una derrota parlamentaria más amplia.
 

Qué cambios se mantienen en expropiaciones y desalojos

Además de la Ley de Tierras, el proyecto aprobado establece mayores exigencias para las expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá precisar el objetivo perseguido y justificar que la medida sea idónea, necesaria y proporcional. También se prevé que la indemnización tome como referencia el valor objetivo o de mercado del bien e incluya determinados daños directos e inmediatos.

La iniciativa incorpora, además, el lucro cesante —las ganancias que el propietario deje de percibir como consecuencia directa de la expropiación—, con un límite del 30% del daño emergente. El monto deberá considerar la fecha anterior al acto administrativo o al anuncio público de la medida y podrá actualizarse mediante el Índice de Precios al Consumidor.

En materia de desalojos, el texto establece un procedimiento judicial sumarísimo para reclamar la restitución de inmuebles. También habilita iniciar acciones contra inquilinos en mora, aunque exige una intimación previa con un plazo mínimo de diez días corridos para saldar la deuda antes de presentar la demanda por falta de pago.

Ahora el Senado deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con la versión que había aprobado originalmente. Si convalida la nueva redacción, la Ley de Tierras volverá a regir y podría perder fuerza la disputa judicial abierta en torno a su derogación. Si rechaza las modificaciones, el futuro de la norma seguirá atado a la definición legislativa y a los litigios en curso.