Por: Redacción
El legislador provincial José Luis Berros, presidente del bloque Vamos Con Todos, denunció al fiscal federal interino con competencia electoral en Río Negro, Marcos José Escandell, por presunta negligencia grave e incumplimiento de sus deberes funcionales. La presentación cuestiona su actuación en la causa que investiga al gobernador Alberto Weretilneck y a candidatos de Juntos Somos Río Negro (JSRN) por posibles violaciones al Código Electoral Nacional durante la campaña de 2025.
El principal reproche apunta a que Escandell solicitó el archivo de la investigación al considerar, según la denuncia, que los candidatos oficialistas no ganaron las elecciones. Para Berros, ese argumento resulta insuficiente para descartar posibles infracciones y supone confundir el resultado electoral con la legalidad de las conductas denunciadas. Por eso, pidió a la Procuración General de la Nación que examine el desempeño del fiscal y determine si corresponde aplicar medidas disciplinarias.

“Ese razonamiento confunde el resultado de una elección con la existencia de una posible infracción electoral. La legalidad electoral no puede depender de quién gana o quién pierde”, sostuvo Berros. El legislador afirmó que las posibles irregularidades deben investigarse con independencia del resultado de las urnas y remarcó que una derrota electoral no demuestra que una conducta denunciada haya sido legal.
La causa cuestionada investiga presuntas infracciones al artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, que prohíbe realizar actos de gobierno o políticas públicas que puedan utilizarse para favorecer electoralmente a candidatos a cargos nacionales. La denuncia apunta a actividades organizadas por el Gobierno provincial durante la campaña para las elecciones nacionales de octubre de 2025.
Entre los hechos señalados figura un evento realizado los días 1 y 2 de octubre de ese año por el Día Internacional de las Personas Mayores. La presentación original sostiene que se habrían triangulado fondos enviados a entidades deportivas para contratar artistas y cuestiona la realización y difusión de esas actividades durante la veda electoral, con participación de candidatos oficialistas. Se trata de hechos denunciados cuya eventual responsabilidad deberá determinarse en el ámbito judicial.
La presentación disciplinaria también cuestiona que la eventual maniobra denunciada pueda considerarse irrelevante por no haber permitido que Juntos Somos Río Negro ganara la elección. Berros sostiene que ese razonamiento desconoce las consecuencias jurídicas y económicas que pueden derivarse de los votos obtenidos por una fuerza política, aun cuando no consiga representación legislativa.
En ese sentido, el escrito invoca el artículo 9 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que establece que el 80% de los recursos del Fondo Partidario Permanente se distribuye proporcionalmente según los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, conforme a los requisitos legales.
“Los votos no solo determinan quién obtiene una banca: también inciden en la distribución de recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos. Que no hayan ganado no significa que la eventual infracción haya sido inocua”, afirmó el legislador.
La denuncia contra Escandell fue presentada en los términos del artículo 68, incisos b) y e), de la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El planteo sostiene que el fiscal tenía la obligación de examinar los hechos denunciados, evaluar las pruebas disponibles y, si correspondía, impulsar la acción ante el juez competente.
Berros remarcó que la potestad de imponer sanciones corresponde al órgano judicial, pero consideró que esa atribución no exime al Ministerio Público Fiscal de su deber de promover el control de la legalidad electoral. Según la presentación, no existe una decisión judicial que haya determinado la inexistencia de las infracciones denunciadas y el pedido de archivo se apoya en el dictamen del fiscal.
Por ese motivo, el legislador solicitó a la Procuración General de la Nación que evalúe la conducta de Escandell, investigue su eventual responsabilidad disciplinaria y adopte las medidas que considere pertinentes conforme a la normativa vigente. La presentación abre un nuevo frente de disputa política y judicial en Río Negro, con el gobernador Weretilneck y la actuación de la Fiscalía Electoral en el centro de la controversia.