La oposición apunta a Weretilneck por el control de la Justicia y denuncia persecución política

Por: Redacción

La relación entre el poder político y la Justicia de Río Negro quedó nuevamente en el centro de la disputa provincial. El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso acusó al gobernador Alberto Weretilneck de utilizar la estructura judicial para limitar a dirigentes opositores, mientras otros referentes cuestionaron la independencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los antecedentes políticos de funcionarios que ocupan puestos clave.

Los planteos se producen en un escenario atravesado por la causa Techo Digno, la disputa por el reconocimiento parlamentario de Cambia Río Negro y la designación de funcionarios con trayectoria en el oficialismo en organismos que intervienen en decisiones judiciales y electorales. Las acusaciones forman parte de una controversia política e institucional; por sí solas, no prueban una intervención del Gobierno sobre los tribunales.
 

Gennuso denuncia una persecución vinculada con su futuro electoral

El exintendente de Bariloche, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sostiene que la investigación judicial en su contra se convirtió en una herramienta para excluirlo de futuras competencias electorales. En sus declaraciones, responsabilizó al procurador Jorge Crespo y al presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, por presuntas presiones sobre la Justicia.

“Me conocen, saben quién soy y me tienen miedo, por eso me quieren borrar de la competencia electoral”, afirmó Gennuso. Según su interpretación, el conflicto se profundizó después de que terminó su mandato municipal y rechazó continuar dentro del oficialismo.

El trasfondo es la causa Techo Digno. Gennuso fue absuelto por peculado en noviembre de 2025 y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación en marzo. Sin embargo, el STJ ordenó que otro tribunal analice si los movimientos de fondos municipales investigados pueden encuadrarse como malversación de caudales públicos. La resolución mantuvo el criterio favorable respecto del peculado, pero dejó abierta la discusión sobre otra figura penal.


 

Los fondos municipales y la controversia por la causa Techo Digno

La defensa de Gennuso sostiene que los recursos destinados a viviendas fueron trasladados entre cuentas municipales y colocados en plazos fijos para preservar su valor, mientras se definía la continuidad de las obras financiadas por el Estado nacional. “El dinero nunca salió de la órbita municipal”, argumentó el exintendente.

La Fiscalía, en cambio, cuestionó que esos fondos fueran apartados del régimen de control previsto en los convenios. La discusión jurídica gira en torno a la naturaleza de las operaciones y a la posibilidad de encuadrarlas en una figura penal diferente de aquella por la que Gennuso ya fue absuelto.

El exjefe comunal también advirtió sobre las consecuencias electorales que podría tener una eventual condena, en particular por las restricciones previstas en los mecanismos de Ficha Limpia. Su defensa cuestiona el cambio de calificación legal, mientras que el criterio del STJ contempla la posibilidad de que los jueces revisen la figura penal aplicable sin modificar los hechos debatidos. Gennuso también expresó reparos por los tiempos de la resolución: la sentencia, fechada el 6 de octubre y difundida dos días después, llegó antes de la fecha del 5 de noviembre que se había anunciado tras una audiencia del 23 de septiembre.
 

Sergio Ceci y Nicolás Land, en el centro de los cuestionamientos

Las críticas a la independencia judicial también apuntan a los antecedentes políticos de funcionarios que accedieron a puestos estratégicos. Uno de los casos señalados es el de Sergio Ceci, quien llegó al Superior Tribunal en 2021 después de desempeñarse en la Secretaría Legislativa del bloque de Juntos Somos Río Negro, donde trabajó junto a Facundo López.

Su designación fue aprobada por el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Arabela Carreras, dirigente del mismo espacio político que Weretilneck, aunque posteriormente ambos se distanciaron. En aquel momento, López celebró el nombramiento de su colaborador y expresó: “Espero que vos cambies a la Justicia y que la Justicia no te cambie a vos”.

Otro nombre cuestionado es el de Nicolás Land, quien reemplazó a Ceci en la Secretaría Legislativa del oficialismo y el 31 de agosto fue designado secretario del Juzgado Electoral Provincial por mayoría del Consejo de la Magistratura. Antes había sido ministro de Desarrollo Social durante la primera gestión de Weretilneck.

La designación generó críticas por su recorrido dentro del oficialismo y porque, según los cuestionamientos planteados, otros postulantes habían obtenido una calificación superior. El fuero electoral tiene una función sensible en la organización de las elecciones, ya que interviene en el reconocimiento de partidos y la oficialización de candidaturas.
 

Cambia Río Negro lleva la disputa al terreno institucional

Las críticas también llegaron desde Cambia Río Negro. El legislador Santiago Ibarrolaza cuestionó la actuación del máximo tribunal provincial y reclamó que la Legislatura examine el comportamiento de los magistrados.

“Desde la oposición venimos denunciando la gravedad institucional de tener un Superior Tribunal de Justicia que, en lugar de garantizar independencia, parece responder al gobernador y a su círculo de poder”, afirmó.

El planteo se vincula con la disputa por el funcionamiento del bloque opositor integrado por Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti. Los cinco acudieron al STJ para reclamar el reconocimiento de Cambia Río Negro y su participación en comisiones legislativas y reuniones de Labor Parlamentaria.

El tribunal rechazó la presentación por considerar que esa no era la vía adecuada para resolver el conflicto y sostuvo que la controversia debía tramitarse dentro de la Legislatura. La decisión dejó a la bancada sin obtener por esa vía judicial las atribuciones que reclama. Ibarrolaza anticipó que el espacio podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El antecedente de 2019 y la mirada puesta en la Corte Suprema

La oposición vuelve a mirar hacia el máximo tribunal nacional a partir de un antecedente que involucró al propio Weretilneck. En 2019, la Corte Suprema impidió que el entonces gobernador compitiera por otro mandato consecutivo, al considerar que esa candidatura vulneraba la Constitución de Río Negro.

Aquel fallo marcó un límite judicial a la pretensión de continuidad en el Ejecutivo provincial. Ahora, las controversias por la causa de Gennuso, la integración de organismos judiciales y la representación parlamentaria vuelven a colocar la relación entre política y Justicia en el centro del debate.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, las denuncias de dirigentes opositores abren una disputa que excede los expedientes particulares y alcanza la confianza en las instituciones provinciales. El punto central será determinar, en cada caso, si las decisiones cuestionadas se ajustan a las reglas judiciales y legislativas vigentes, más allá de las interpretaciones políticas de sus protagonistas.