IUPA: denuncian despidos, más de 100 ingresos y sueldos de hasta $3,8 millones

Por: Redacción

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atraviesa una nueva controversia por su administración de personal, las remuneraciones y las relaciones políticas que rodean a su conducción. Denuncias recogidas por REALPOLITIK apuntan contra la gestión de Gerardo Blanes, en un escenario marcado por reclamos gremiales, despidos y cuestionamientos a los mecanismos de designación.

Según las fuentes citadas por ese medio, durante 2026 habrían ingresado más de 100 trabajadores, algunos con categorías salariales elevadas. Los señalamientos conviven con denuncias por desvinculaciones y sumarios administrativos, aunque la cantidad de incorporaciones y sus condiciones deben contrastarse con las resoluciones oficiales y los registros de personal.
 

IUPA: los sueldos millonarios y las denuncias por nuevas designaciones

La documentación salarial difundida por el medio REALPOLITIK, incluye dos recibos correspondientes a agosto de 2025 con haberes brutos de $3.810.140,42 y $3.713.707,77. Los importes netos consignados son de $3.455.479,39 y $3.433.788,45, respectivamente. Ambos corresponden a personal identificado con la categoría SEEX y dedicación EXCL.

Los comprobantes permiten dimensionar algunas remuneraciones dentro del instituto, pero no prueban por sí solos irregularidades ni permiten vincular esos salarios con las incorporaciones denunciadas para 2026. El cuestionamiento central pasa por conocer los criterios utilizados para asignar categorías, dedicaciones y adicionales, en medio de reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA), encabezado por Marina Cepeda, denunció incrementos millonarios para las autoridades y cuestionó la falta de negociación paritaria. La Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA), conducida por Rocío Encina, también impulsó reclamos salariales y medidas de fuerza. Las organizaciones mantienen cuestionamientos sobre la política laboral de la conducción.








 

La secretaria de Ariel Bernatene y sus funciones en la universidad

Otro de los puntos señalados involucra a Angélica Torres, identificada como secretaria del legislador provincial Ariel Bernatene. Según la información publicada, Torres tendría una relación laboral con la Legislatura de Río Negro y, al mismo tiempo, aparecería vinculada al IUPA bajo una clasificación docente, aunque realizaría tareas de comunicación institucional y administración de redes sociales.

Segun fuentes cercanas, Bernatene defendió la conducción de Blanes y reconoció que su secretaria administra las redes sociales del instituto. Sin embargo, la información difundida no permite establecer por sí sola si existe una incompatibilidad entre ambos empleos, qué funciones contempla su designación universitaria ni bajo qué condiciones se desarrolla esa actividad.

 

 

La relación entre Bernatene y Blanes también quedó expuesta en iniciativas institucionales compartidas, como el desarrollo de un portal de empleo impulsado desde la universidad. Para los sectores críticos, estos vínculos justifican revisar los mecanismos de incorporación de personal y determinar si los nombramientos responden a necesidades académicas y administrativas debidamente fundamentadas.




 

Gerardo Blanes, los gremios y la responsabilidad política de Weretilneck

Las diferencias entre la conducción y los trabajadores se profundizaron durante el proceso de normalización institucional y las elecciones del Consejo Superior de marzo de 2026. Los gremios y sectores opositores cuestionaron decisiones de la Junta Electoral y promovieron presentaciones judiciales. Según el medio que difundió la información, parte de las actuaciones llegó a la Justicia Federal, mientras que tribunales provinciales se declararon incompetentes en determinadas impugnaciones.

A esos conflictos se sumaron denuncias por presunta violencia laboral, desplazamientos arbitrarios y sumarios administrativos. Mientras los sectores críticos cuestionan el trato hacia quienes expresan diferencias con las autoridades, la conducción sostiene que avanzó en la regularización de cargos y el ordenamiento institucional. La evaluación de cada caso requiere conocer los expedientes y los fundamentos de las decisiones administrativas.

La controversia también alcanza al gobernador Alberto Weretilneck, quien designó a Blanes como rector normalizador mediante el decreto 136/2025. Esa decisión vincula al Ejecutivo provincial con el proceso de normalización del IUPA y coloca bajo observación política el funcionamiento de la institución. En este contexto, la discusión sobre la gestión de los recursos públicos exige distinguir las denuncias de los hechos acreditados y conocer las respuestas de las autoridades involucradas.

El conflicto deja una serie de interrogantes sobre la cantidad de ingresos y desvinculaciones, las remuneraciones, las categorías laborales y los procedimientos de designación. La publicación de las resoluciones de personal, la ejecución presupuestaria y los criterios de contratación permitiría determinar el alcance de los cuestionamientos y aportar transparencia a una institución financiada con recursos públicos.