Por: Redacción
La apertura de una ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas sumó un nuevo foco de tensión entre Argentina y Chile. El canciller Pablo Quirno salió a desmentir las versiones sobre una supuesta estrategia jurídica de Buenos Aires para modificar los límites de soberanía en el Estrecho de Magallanes, en medio de advertencias sobre el impacto político y estratégico del futuro enlace comercial.
La controversia se intensificó después de que Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario chileno, advirtiera que la Argentina estaría preparando argumentos legales para cuestionar la soberanía de Chile sobre el paso marítimo. Quirno respondió con una negativa tajante en sus redes sociales: “No”.
El episodio se produce mientras se prepara el viaje del buque comercial Danstar, operado por la empresa chilena Easter Island, que tiene previsto conectar Punta Arenas con las Malvinas a partir de noviembre. La iniciativa abrió interrogantes sobre las condiciones de navegación, el alcance de las obligaciones internacionales y el posible apoyo logístico a proyectos hidrocarburíferos en aguas disputadas.

La advertencia de Kaiser se apoyó en declaraciones de funcionarios militares argentinos sobre la proyección de soberanía nacional en el extremo austral y en la vigencia del Decreto 256/2010, que establece requisitos para la navegación de buques hacia las Malvinas por aguas que Argentina considera bajo su jurisdicción.
El dirigente chileno trazó un paralelo con la disputa marítima entre Chile y Perú, resuelta por la Corte Internacional de Justicia, y planteó que Buenos Aires podría recurrir a argumentos de derecho internacional para respaldar un eventual reclamo. Sin embargo, no se presentó en el material difundido evidencia de que el Gobierno argentino esté preparando una acción de ese tipo.
Las alertas atribuidas a fuentes de inteligencia chilenas agregaron otro elemento de incertidumbre. Según esas versiones, el viaje del Danstar podría derivar en un incidente si las autoridades argentinas consideran que la navegación o la carga del buque infringen las normas aplicables. También se indicó que Chile no tendría previsto asignarle una escolta militar, dado que se trata de una operación comercial privada.

El nuevo enlace marítimo busca reducir las distancias logísticas para el abastecimiento de las islas y disputar parte del negocio que actualmente se canaliza desde Uruguay. Desde las autoridades de Malvinas sostienen que el barco transportará alimentos, gas licuado y materiales de construcción para consumo local.
La preocupación argentina se concentra en la posibilidad de que la conexión facilite indirectamente operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía. Entre los proyectos bajo observación está Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé avanzar con la producción petrolera en los próximos años.
La discusión jurídica gira, entre otras normas, en torno a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y al Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984. Especialistas chilenos citados en el debate sostienen que esos instrumentos protegen la libre navegación y limitan las posibilidades de detener una embarcación por el solo hecho de dirigirse a las islas.
La eventual intervención argentina dependerá de las características concretas del viaje, la carga, la ruta y las normas que resulten aplicables. Por ahora, las advertencias sobre una posible interceptación no equivalen a una decisión oficial de detener el buque.
La controversia también llegó al Congreso argentino. El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para suspender beneficios impositivos a empresas chilenas que operan en el país y propuso revisar acuerdos bilaterales de inversiones y de doble imposición. El legislador argumentó que Chile no debería recibir ventajas económicas si sus compañías participan en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina.
En paralelo, la relación bilateral quedó atravesada por declaraciones de funcionarios chilenos que defendieron la actividad económica desde sus puertos y plantearon argumentos vinculados con la situación de hecho y la voluntad de los habitantes de las islas. Esas posiciones chocan con el reclamo histórico argentino de soberanía.
Quirno, sin embargo, buscó separar la controversia comercial de una ruptura diplomática. El canciller recordó la declaración conjunta firmada el 3 de septiembre por Javier Milei y el presidente chileno José Antonio Kast, en la que ambos países rechazaron el apoyo logístico ilegal en la zona disputada.
“Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile, actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático”, sostuvo el funcionario argentino.
El desafío para Buenos Aires será sostener su reclamo sobre Malvinas y evitar que la nueva ruta derive en un conflicto con Santiago. La evolución del viaje del Danstar, las condiciones de su operación y las decisiones que adopten ambos gobiernos marcarán el próximo capítulo de una disputa donde confluyen soberanía, comercio y recursos energéticos.