Las pérdidas millonarias y las dudas que presionan a Caputo y Bausili

Por: Redacción

La estrategia del Gobierno de Javier Milei para obtener rendimientos financieros de las reservas de oro del Banco Central quedó bajo cuestionamiento por las pérdidas asociadas a contratos de cobertura, las dudas sobre los controles y los reclamos para conocer el destino de los lingotes trasladados al exterior.

Según los datos atribuidos a la Auditoría General de la Nación (AGN), las operaciones con derivados financieros dejaron un resultado negativo de aproximadamente US$960,2 millones durante 2025, al que se sumaron US$62,8 millones en primas. El saldo conjunto asciende a US$1.023 millones y puso bajo presión al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El dato requiere una precisión: esa cifra no representa la desaparición física de oro, sino el resultado negativo de determinadas operaciones financieras. El Banco Central, por su parte, sostiene que la valorización del metal permitió cerrar el año con un resultado neto positivo de US$2.505 millones. La discusión pasa por determinar cómo se llegó a ese balance y qué costos implicó la estrategia.


 

Caputo defendió el traslado del oro y ahora debe justificar la estrategia

En 2024, Caputo defendió públicamente la decisión de trasladar parte de las reservas de oro al exterior con el argumento de que mantener el activo inmovilizado no permitía aprovechar todas sus posibilidades financieras. La iniciativa buscaba ampliar las alternativas de administración de las reservas.

Sin embargo, el resultado de las coberturas durante 2025 abrió interrogantes sobre la conveniencia de las operaciones. Mientras el precio internacional del oro aumentaba, los contratos financieros generaron pérdidas que redujeron el beneficio asociado a la suba del metal.

El Gobierno debe explicar qué riesgos buscaba cubrir, cuáles fueron las condiciones pactadas y qué alternativas se evaluaron antes de avanzar. La existencia de un resultado negativo no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí vuelve relevante conocer los fundamentos económicos y los controles aplicados.

La responsabilidad política de Caputo está vinculada con su defensa pública de la estrategia. La atribución de responsabilidades por contratos específicos, en cambio, requiere conocer la documentación que permita reconstruir quién tomó cada decisión y bajo qué autorizaciones.


 

Bausili, la AGN y las dudas sobre las auditorías

La controversia sumó un frente institucional tras la exposición de Bausili ante el Senado, el 9 de septiembre de 2026. El titular del Central sostuvo que los movimientos del oro habían sido auditados, mientras que la AGN aclaró posteriormente que no había concluido una auditoría específica sobre la trazabilidad de los lingotes.

La diferencia es relevante porque una auditoría de estados contables no equivale necesariamente a una verificación integral de la ubicación física del metal, sus condiciones de custodia y su disponibilidad.

A esto se agregan las demoras superiores a un año que, según los antecedentes citados, se registraron en la entrega de información solicitada por los organismos de control. La falta de respuestas oportunas alimenta las dudas sobre el acceso a documentación relacionada con las reservas.

Bausili deberá precisar qué alcance tenían las auditorías a las que hizo referencia y qué información estaba disponible cuando compareció ante los legisladores. Para determinar si existió una falsedad deliberada, sin embargo, sería necesario acreditar qué conocía el funcionario y cuál fue su intención.
 

El Banco Central defiende el balance global y crecen los reclamos judiciales

La defensa oficial se apoya en el resultado neto de la posición en oro. El BCRA sostiene que durante 2025 la valorización del metal permitió obtener un resultado positivo de US$2.505 millones, aun después de considerar el impacto de las coberturas financieras.

Ambas cifras corresponden a componentes distintos de la estrategia y no deben compararse como si fueran conceptos equivalentes. Para evaluar la conveniencia de las operaciones, es necesario establecer cuánto habría ganado el Central sin esos contratos y qué protección concreta ofrecieron frente a una eventual caída del precio del oro.

El caso también llegó al Congreso y a los tribunales. Los senadores Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López impulsaron denuncias y pedidos de información para esclarecer el destino de las reservas, las autorizaciones y las responsabilidades de las autoridades.

El 9 de octubre, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Caputo, Bausili y Juan Curuchet. La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación deberá establecer si existieron incumplimientos legales o conductas ilícitas en la administración de los recursos públicos.

Una pérdida financiera no constituye automáticamente un delito. Pero tampoco excluye la posibilidad de investigar si las decisiones se adoptaron conforme a las normas y si existieron perjuicios derivados de eventuales irregularidades.
 

El oro en el exterior y los riesgos para la Argentina

El traslado de las reservas también generó interrogantes en el plano internacional. En el litigio por la expropiación de YPF, los demandantes solicitaron información sobre activos del Banco Central y la ubicación de sus tenencias de oro.

La posición argentina sostiene que los bienes pertenecen a una entidad autárquica y que están protegidos por las inmunidades aplicables a los activos de los bancos centrales. No obstante, conocer la titularidad, la custodia y las condiciones contractuales resulta importante para evaluar cualquier exposición jurídica.

No hay elementos suficientes para afirmar que el oro trasladado pueda ser embargado automáticamente. El riesgo depende de las circunstancias jurídicas y contractuales concretas, así como de las decisiones que adopten los tribunales competentes.

El desafío para la conducción económica es responder con documentación verificable sobre las operaciones, sus costos y los controles realizados. Mientras esas explicaciones no despejen las dudas, la administración del oro seguirá siendo un foco de presión política y judicial para el Gobierno de Milei.