Ciudadanía por inversión: las dudas que genera el nuevo esquema de Milei

Por: Redacción

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el Programa de Ciudadanía por Inversión, un esquema que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina mediante dos alternativas: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026.

La iniciativa busca atraer capitales extranjeros, pero también abrió interrogantes sobre el alcance jurídico de la ciudadanía por inversión, los controles sobre quienes accedan al programa, su tratamiento tributario y el impacto que podría tener sobre el valor internacional del pasaporte argentino.

El mecanismo no surgió con el anuncio realizado en París. En mayo de 2025, el Gobierno modificó la Ley de Ciudadanía 346 y estableció que los extranjeros podrían solicitar la naturalización, cualquiera fuera el tiempo de residencia, si acreditaban haber realizado una “inversión relevante” en el país. La normativa dejó en manos del Ministerio de Economía la definición de qué inversiones serían consideradas relevantes.


 

Qué contempla el nuevo programa de ciudadanía argentina

El esquema anunciado por el Gobierno establece dos caminos para el solicitante principal. El primero consiste en entregar US$350.000 de manera directa y no reembolsable al Tesoro. El segundo contempla la suscripción de un título público específico por US$800.000. También podrán incorporarse familiares bajo determinadas condiciones y con aportes adicionales.

Para los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años se estableció un aporte de US$100.000, mientras que para los menores de 18 años será de US$25.000. El Gobierno informó que una familia integrada por un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder al régimen mediante aportes por US$500.000.

Sin embargo, el pago no implica una concesión automática de la nacionalidad. El procedimiento establecido por el Decreto 524/2025 contempla la intervención de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y la evaluación de distintos organismos estatales antes de que Migraciones adopte una decisión.

La Agencia puede requerir informes al Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, Renaper y la SIDE, entre otros organismos. Luego debe elevar una recomendación fundada a la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene la decisión final y un plazo de 30 días hábiles para resolver una vez recibido el informe.


 

Las dudas jurídicas y migratorias que todavía quedan abiertas

Uno de los principales cuestionamientos pasa por el instrumento utilizado para modificar el régimen de ciudadanía. La abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello planteó que la incorporación de esta nueva vía mediante un decreto abre una discusión constitucional, dado que la ciudadanía no se limita a una condición migratoria sino que también implica derechos políticos.

La especialista también señaló interrogantes sobre los criterios de elegibilidad, la documentación necesaria, los plazos y las condiciones de permanencia en el país. En particular, puso el foco en cómo se realizará la debida diligencia y de qué manera se comprobará el origen y la trazabilidad de los fondos.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el programa tendrá controles destinados a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina. El Ministerio de Economía informó que el esquema seguirá estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones internacionales.

Para Marcelo Elizondo, analista especializado en comercio internacional, el programa debe ser entendido como una herramienta adicional dentro de la estrategia oficial para atraer capitales. Sin embargo, consideró que su impacto sobre el volumen total de inversiones sería acotado.

“El bono es una inversión financiera”, explicó Elizondo, mientras que sobre los US$350.000 sostuvo que se trata de “un aporte” o una “cesión al Estado”. El especialista también remarcó que el mecanismo no supone que una persona simplemente paga y obtiene el pasaporte, porque existen controles previos sobre sus antecedentes y situación.
 

Ciudadanía, impuestos y el valor del pasaporte argentino

Otro de los debates aparece en el terreno tributario. El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó modificaciones vinculadas con el tratamiento de la residencia fiscal y planteó que podrían generarse diferencias entre ciudadanos argentinos respecto de la tributación sobre sus ingresos obtenidos en el exterior.

El punto requiere distinguir entre tres conceptos que no son equivalentes: ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal. La obtención de la nacionalidad no determina automáticamente la residencia tributaria, por lo que el tratamiento concreto dependerá de las normas fiscales vigentes y de cómo se aplique el nuevo régimen.

También existe una discusión sobre la reputación internacional del pasaporte argentino. El abogado y exembajador Diego Guelar sostuvo que el programa puede ser válido si cuenta con controles suficientes sobre los fondos y los antecedentes de los postulantes, pero advirtió sobre la necesidad de preservar los estándares asociados al documento argentino.

Otro foco de debate es el papel de las consultoras privadas especializadas en ciudadanía y migración por inversión. La consultora Henley & Partners promociona actualmente el programa argentino, mientras que desde el Ministerio de Economía negaron tener una relación contractual con esa firma, según consignó Infobae.

El Gobierno ya estableció la estructura institucional para recibir y analizar las solicitudes, pero todavía quedan aspectos operativos por definir. Entre ellos se encuentran las condiciones definitivas del título público, el procedimiento concreto de presentación, los criterios de evaluación y la reglamentación que determinará cómo funcionará en la práctica el programa.

Así, la discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero puede ingresar al Tesoro. El nuevo régimen plantea una cuestión más amplia: bajo qué condiciones la inversión económica puede convertirse en una vía para acceder a la ciudadanía argentina y qué controles deberán garantizar que ese mecanismo no afecte la seguridad, el sistema tributario ni la confianza en el pasaporte nacional.