Por: Redacción
El Gobierno de Santa Cruz formalizó un programa de títulos públicos por hasta $450.000 millones para buscar financiamiento en el mercado local de capitales. A través del Decreto 0924/2026, la administración de Claudio Vidal facultó al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a realizar una o varias emisiones. El monto autorizado constituye un techo: la medida no significa que la Provincia ya haya obtenido esos recursos ni que vaya a utilizar la totalidad del cupo.
La autorización permite emitir títulos hasta el 31 de diciembre de 2026, con un plazo mínimo de doce meses. Sin embargo, todavía no están definidas las tasas de interés, el volumen de cada colocación ni los vencimientos específicos. Esas condiciones se establecerán cuando la cartera económica convoque a las respectivas licitaciones.
Los recursos obtenidos deberán aplicarse a los fines previstos por la Ley 3695. Ese marco contempla financiar o reestructurar servicios de deuda, atender déficits acumulados o consolidados de organismos provinciales, asistir a municipios y empresas estatales, y financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo.

El decreto no distribuye anticipadamente los $450.000 millones entre esos destinos. La asignación dependerá de las operaciones que efectivamente se concreten y de sus resoluciones particulares. Para los títulos ajustados por CER, la normativa establece una condición específica: el dinero recaudado deberá destinarse a obras de infraestructura, conforme al marco legal nacional aplicable.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de utilizar recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos correspondientes a Santa Cruz como respaldo de las emisiones. El decreto habilita esa herramienta, aunque no dispone una afectación automática de toda la coparticipación. El alcance y el mecanismo de la garantía deberán precisarse en la resolución que autorice cada llamado a licitación.

Las condiciones financieras también podrán variar entre las distintas series. Los títulos podrán tener tasa fija o variable, ajustarse por CER, vincularse a una moneda extranjera o denominarse en unidades como UVA o UVT. El pago se realizará en pesos y, cuando corresponda, se aplicará el mecanismo de conversión establecido para cada operación. El capital podrá cancelarse al vencimiento o mediante pagos parciales.
El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la definición del monto, el precio, la tasa de corte y el plazo definitivo de cada colocación. También podrá aceptar una licitación total o parcialmente, o declararla desierta si las condiciones no resultan convenientes. Para instrumentar las emisiones, estará habilitado a contratar bancos, agentes colocadores, asesores y calificadoras de riesgo; los gastos y los intereses se imputarán al Servicio de la Deuda Pública.
El programa se suma a otro frente de financiamiento impulsado por Claudio Vidal: el proyecto enviado a la Legislatura para acceder a créditos por hasta US$600 millones, que todavía no cuenta con autorización legislativa definitiva. En el caso de los títulos por $450.000 millones, el Ejecutivo recurre a autorizaciones legales existentes. El costo efectivo, el endeudamiento finalmente asumido y los recursos comprometidos como garantía se conocerán cuando se publiquen las condiciones de cada emisión.