El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Por: Redacción

El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución. La resolución había sido impulsada por amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La estrategia oficial será judicial. En paralelo, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, analiza otras alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la medida. “Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente del organismo.




 

El Gobierno cuestiona el impacto presupuestario de la ley

El argumento central de la Casa Rosada es que la aplicación de la norma implica un gasto que no estaba contemplado y que corresponde al Congreso determinar de dónde saldrán los recursos. El Ejecutivo había estimado durante el expediente que el costo de implementar la ley superaría el billón de pesos y que ese desembolso podría afectar el equilibrio fiscal.

Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron además una negociación con las universidades y ratificaron que la respuesta será ante la Justicia. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, afirmó un integrante de la mesa chica de la funcionaria.
 

Qué resolvió la Justicia sobre el financiamiento universitario

El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había supeditado la aplicación de la Ley 27.795 a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas correspondientes en el Presupuesto. El magistrado consideró que esa condición terminó suspendiendo en los hechos una ley que había sido ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.

La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la norma. El fallo contempla recursos destinados a salarios docentes y no docentes, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El magistrado también rechazó el planteo oficial sobre la ausencia de mecanismos de financiamiento. Según la resolución, la ley contempla herramientas para afrontar los gastos, entre ellas reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos de recaudación corriente.



 

La pelea por el Presupuesto 2027 llega al Congreso

El Gobierno buscará ahora trasladar la discusión al debate por el Presupuesto 2027. Desde la Casa Rosada sostienen que las modificaciones necesarias para incorporar nuevas partidas deben ser discutidas por los legisladores. “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, sostuvo una fuente oficial.

La disputa judicial se da mientras las universidades preparan una nueva marcha federal para el 15 de octubre. Desde el CIN anticiparon que mantendrán el reclamo para que la ley sea aplicada y una de sus autoridades afirmó: “Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”.

La apelación abre así una nueva etapa del conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas, con la Justicia y el Congreso como escenarios centrales de una discusión que combina financiamiento educativo, ejecución presupuestaria y el alcance de las decisiones del Poder Ejecutivo.