Control biométrico: ASSPUR vuelve a la Justicia y acusa a Weretilneck de imponer datos sensibles

Por: Redacción

La disputa por el control biométrico en los hospitales de Río Negro volverá a los tribunales. El Gobierno de Alberto Weretilneck rechazó el recurso jerárquico presentado por ASSPUR contra la obligatoriedad del reconocimiento facial y agotó la vía administrativa, mientras el sindicato prepara una nueva presentación judicial para intentar frenar la implementación.

La secretaria general de ASSPUR, Cesira Mullally, cuestionó duramente la decisión y aseguró que el gremio pedirá la extensión de la medida cautelar que había suspendido la Resolución 986. La fecha es clave: el Ministerio de Salud fijó el 1 de octubre para comenzar a utilizar el sistema y aplicar eventuales sanciones a quienes no cumplan.

“Estamos ante un Gobierno que hace lo que se le canta y que administra las ilegalidades siempre y permanentemente a su favor”, afirmó Mullally al referirse a la situación de los trabajadores de Salud.
 

Control biométrico en Río Negro: ASSPUR prepara otro reclamo judicial

Según explicó la dirigente sindical, el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico presentado el 4 de agosto y desestimó los argumentos planteados por ASSPUR contra la obligatoriedad de entregar datos biométricos. La respuesta oficial llegó pocos días antes de la fecha prevista para activar el sistema.

“Rechazan todos los argumentos que nosotros planteamos para pedir la revocatoria de la norma y declaran abstracta la medida judicial”, sostuvo Mullally. Frente a ese escenario, adelantó: “Vamos a cuestionar en vía judicial esta resolución y vamos a pedir la prórroga de la cautelar, o lo que haya que hacer”.

La dirigente aclaró que el sindicato no cuestiona la necesidad de controlar la asistencia del personal sanitario, sino el mecanismo elegido para hacerlo. “Lo que nosotros cuestionamos es la obligatoriedad de la entrega de los datos biométricos”, explicó.
 

Reconocimiento facial: el sindicato cuestiona la entrega obligatoria de datos

ASSPUR sostiene que debería existir una alternativa para los trabajadores que no quieran entregar sus datos faciales. Mullally mencionó, entre otras posibilidades, el uso de la huella digital para registrar el ingreso y egreso sin recurrir al reconocimiento facial.

El principal cuestionamiento del sindicato apunta a que la entrega de la información estaría acompañada por consecuencias laborales en caso de negativa. “Esa entrega es bajo coerción: si no la entregás, hay apercibimientos, descuentos y sanciones”, afirmó la secretaria general.

Mullally también rechazó el argumento de que debería producirse una filtración de información para que exista un perjuicio. “Ya previo al hecho de que haya filtraciones o no, hay un daño. El daño es que me obligaste a entregar un dato sensible”, sostuvo, y vinculó el reclamo con el derecho constitucional al resguardo de la información personal.
 

“Nadie quiere bancarse un día de descuento”

La implementación del sistema ya genera presión entre los trabajadores de distintos hospitales. Mullally relató que en el hospital de San Antonio Oeste, donde desarrolla sus tareas, son cada vez menos los trabajadores que todavía no entregaron sus datos biométricos.

“Nadie quiere bancarse un día de descuento. Ningún compañero está en condiciones de bancarse uno, dos, tres o cinco días de descuento o una sanción”, explicó. Según la dirigente, esa situación dificulta que los trabajadores puedan sostener individualmente la negativa al reconocimiento facial.

“No podemos garantizarle a ningún compañero que no haya sanciones o descuentos”, reconoció Mullally. Al mismo tiempo, aseguró que ASSPUR no obliga a sus afiliados a rechazar el fichaje y que quienes puedan sostener esa posición continuarán haciéndolo.

La dirigente planteó además que la discusión excede el mecanismo de control de asistencia y se relaciona con el poder que implica concentrar información personal. “La posesión de los datos otorga poder: capacidad de hacer, de desarrollar y de controlar”, advirtió.

Con la vía administrativa agotada, el conflicto tendrá ahora una nueva instancia judicial. ASSPUR buscará que la Justicia extienda la cautelar antes del 1 de octubre, cuando el Gobierno prevé poner en funcionamiento el sistema. “Lo vamos a seguir peleando hasta la última instancia”, anticipó Mullally.