Proyecto turístico en Península de Magallanes: Santa Cruz defenderá una inversión de US$90 millones

Por: Redacción

El Gobierno de Santa Cruz llevará este lunes 28 de septiembre a la Legislatura los detalles del proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes, una iniciativa que generó cuestionamientos por su desarrollo dentro de un área protegida. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, se presentará a las 8 junto con integrantes de su equipo para responder las consultas de los diputados.

El funcionario anticipó que pondrá a disposición de los legisladores toda la documentación vinculada con el emprendimiento y defenderá el procedimiento administrativo utilizado. Según explicó, la propuesta fue analizada de acuerdo con la normativa vigente y la Provincia tiene intervención como organismo de control para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo del área, aprobado en 2022.
 

Cómo será el proyecto turístico en la Península de Magallanes

El emprendimiento se desarrollará sobre un predio privado de 20 hectáreas, ubicado dentro de un área protegida que alcanza aproximadamente las 38.900 hectáreas. La iniciativa presentada por la empresa Lacustre del Sur contempla la construcción de un complejo turístico con 24 cabañas, una capacidad máxima de 60 camas, espacios comunes y senderos.

Garay explicó que la empresa adquirió esas tierras durante la década de 1960, aunque durante años no pudo avanzar con un emprendimiento turístico debido a la ausencia de un plan de manejo específico para la zona. Ese marco fue aprobado finalmente en 2022, después de un proceso judicial que incluyó un amparo y una demanda contra la Provincia.

En 2023, luego de la aprobación del Plan de Manejo, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental para avanzar con el proyecto. De acuerdo con la explicación oficial, la propuesta inicial tenía una escala mayor y no se ajustaba a las condiciones establecidas para el área protegida.




 

El proyecto fue modificado tras las observaciones oficiales

A partir de las observaciones realizadas por el Consejo Agrario Provincial, la empresa debió modificar el proyecto original. El organismo solicitó distintos cambios hasta llegar a una versión considerada compatible con las condiciones fijadas para el área.

“El proyecto se elaboró de acuerdo con la normativa vigente”, sostuvo Garay al defender el proceso administrativo y anticipar la presentación ante los legisladores. El funcionario remarcó además que el Estado provincial continuará teniendo a su cargo el control del cumplimiento del Plan de Manejo.

El emprendimiento, sin embargo, mantiene cuestionamientos dentro del sector turístico. La Cámara de Turismo de El Calafate manifestó su oposición a la iniciativa y planteó objeciones sobre el desarrollo de un complejo turístico dentro de la zona protegida.

Frente a esa postura, Garay adelantó que buscará mantener una reunión con representantes del sector para explicar las características del proyecto. Desde el Gobierno provincial sostienen que la inversión puede ampliar la oferta de alojamiento y generar actividad económica y empleo en la región.
 

US$90 millones: qué se discutirá en la Legislatura

Según los datos difundidos por el Gobierno de Santa Cruz, la primera etapa del proyecto contempla una inversión estimada en US$90 millones. La construcción se realizaría en diferentes fases y tendría como objetivo incorporar una nueva alternativa de alojamiento vinculada al desarrollo turístico de la zona.

La exposición de Garay ante los diputados se producirá en medio del debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico y las condiciones de conservación de un área protegida. El encuentro permitirá a los legisladores acceder a la documentación técnica y administrativa que respalda la iniciativa y formular preguntas al organismo encargado del control.

El proyecto de Península de Magallanes vuelve así a quedar en el centro de la discusión política y ambiental. Mientras el Gobierno provincial sostiene que la propuesta fue reformulada para adecuarse al Plan de Manejo vigente, sectores vinculados al turismo mantienen sus cuestionamientos.