Una prótesis figuraba como entregada en Río Negro, pero el paciente nunca la recibió

Por: Redacción

El caso ANDIS, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo, sumó un episodio ocurrido en Río Negro. Entre los expedientes revisados aparece el de un paciente amputado que necesitaba una prótesis y cuya documentación administrativa indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el relevamiento posterior determinó que no había llegado al beneficiario.

La situación quedó incorporada a documentación remitida a la Justicia y corresponde al Ticket 150185850, asociado al expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND. El informe califica el episodio como una “situación de gravedad” y señala que existía un remito suscripto por la madre del beneficiario. Sin embargo, el contacto directo con la familia permitió establecer que esa firma no representaba la recepción material de la prótesis.

Informe sobreprecios en la Andis by LPO

Río Negro: el remito firmado que no acreditaba la entrega de la prótesis

Según el informe, la rúbrica habría sido obtenida “bajo inducción a error al momento de la toma de medidas”. Es decir, la firma se habría producido durante una instancia previa a la entrega del elemento y luego quedó incorporada a la documentación como respaldo de la prestación. El reporte sostiene que, al momento del relevamiento, el paciente todavía no contaba con la prótesis.

El dato adquiere relevancia porque el remito constituía, en términos administrativos, una constancia de que la prestación había sido cumplida. La auditoría, sin embargo, contrastó esa documentación con la información proporcionada directamente por los particulares y detectó una diferencia entre lo asentado en el expediente y la situación concreta del beneficiario.

La documentación también incorpora a INDECOMM SRL dentro del circuito analizado. De acuerdo con el reporte, una firma tercerizada vinculada a la provisión habría informado que la prótesis no fue entregada debido a obligaciones de pago que INDECOMM no habría cumplido con el proveedor.

INDECOMM y la cadena de provisión bajo análisis

Ese aspecto abre otra línea de investigación: determinar cómo funcionó la cadena entre ANDIS, los proveedores, las empresas tercerizadas y el paciente. El informe plantea que la falta de entrega habría estado relacionada con la situación de pagos, aunque las responsabilidades concretas de cada participante deberán ser establecidas en el marco de la investigación judicial.

INDECOMM también aparece mencionada en otros relevamientos sobre las contrataciones de la ex ANDIS. Entre ellos figura una factura que, según informes incorporados a la causa, habría sido abonada dos veces por un monto de $28,7 millones. La existencia de esa observación administrativa no implica por sí misma responsabilidad por el caso de la prótesis rionegrina.

Los informes remitidos a la Justicia también detectaron diferencias de precios en distintas compras de insumos médicos y ortopédicos. Uno de los relevamientos comparó una adquisición realizada por ANDIS con una compra previa del PAMI y señaló diferencias que llegaron hasta el 1.972% en determinados productos.
 

Qué deberá determinar la Justicia sobre el caso rionegrino

En el expediente quedan abiertas varias preguntas: quién realizó la toma de medidas, quién hizo firmar el remito, qué empresa debía fabricar y entregar finalmente la prótesis y por qué una constancia que no acreditaría la recepción terminó incorporada al circuito administrativo como una prestación cumplida.

La documentación conocida permite ubicar el caso en Río Negro, pero no identifica públicamente la localidad ni el establecimiento sanitario donde se realizó la toma de medidas. Tampoco surge de la información difundida hasta ahora qué empresa tercerizada intervino específicamente en esa instancia.

El episodio forma parte de una investigación más amplia sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS. La Justicia deberá establecer si las irregularidades administrativas detectadas constituyen delitos y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios, empresas y particulares involucrados.

En Río Negro, el caso deja expuesta una situación concreta: un paciente que necesitaba una prótesis figuraba administrativamente como destinatario de una prestación cumplida, mientras que el relevamiento posterior indicó que el insumo nunca había llegado a sus manos. La diferencia entre ambos registros quedó ahora bajo análisis judicial.