Por: Redacción
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su respaldo al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei y enviado al Congreso el jueves 17 de septiembre. La iniciativa propone nuevas herramientas para proteger los recursos naturales, el territorio, el espacio marítimo y aéreo y distintas infraestructuras consideradas estratégicas.
El posicionamiento del mandatario rionegrino se concentró especialmente en la cuestión Malvinas y en la defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur. Desde el Gobierno provincial remarcaron también la importancia de las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
“Defender la soberanía también significa defender nuestros recursos y tener las herramientas para actuar frente a quienes pretendan apropiarse de lo que pertenece a los argentinos. Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política”, sostuvo Weretilneck.
El proyecto fue presentado formalmente por el Poder Ejecutivo como una iniciativa destinada a reforzar la posición argentina frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en territorios y espacios que el país reivindica como propios. El expediente 0010-PE-2026 ingresó a Diputados el 17 de septiembre y fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
Uno de los principales capítulos establece un nuevo esquema de sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. El régimen contempla multas, restricciones para contratar con el Estado, pérdida de habilitaciones e inhabilitaciones para desarrollar determinadas actividades económicas.
El proyecto también busca evitar que las empresas puedan eludir las sanciones mediante modificaciones en sus estructuras societarias y contempla mecanismos destinados a interrumpir actividades que el Estado argentino considere ilegítimas.

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Aunque el Gobierno nacional presentó el proyecto con un fuerte eje en la recuperación de las Islas Malvinas, el texto también incorpora modificaciones vinculadas con la seguridad nacional. Entre otras cuestiones, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional que articule capacidades diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia.
El alcance de esos capítulos generó cuestionamientos de distintas organizaciones y sectores políticos. Entre los puntos discutidos aparecen el alcance de las nuevas facultades estatales, la relación entre defensa nacional y seguridad interior y determinadas modificaciones al Código Penal y a la legislación de inteligencia. FOPEA, por ejemplo, cuestionó específicamente uno de los artículos por su posible impacto sobre el ejercicio del periodismo y el debate público.
El comunicado de Weretilneck, sin embargo, no se pronunció sobre esos capítulos ni sobre los cuestionamientos planteados al resto del proyecto. Su respaldo estuvo centrado en la defensa de la soberanía, Malvinas y los recursos naturales argentinos.

La discusión tiene además un componente económico relacionado con las actividades hidrocarburíferas en las islas. El proyecto busca ampliar las herramientas para sancionar a empresas, accionistas, contratistas y proveedores vinculados con la explotación de recursos sin autorización argentina.
El tema cobra especial relevancia por el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas a la explotación petrolera offshore en las Islas Malvinas. El Gobierno argentino ya inició acciones contra compañías relacionadas con esa actividad y busca ampliar el alcance del régimen sancionatorio.
Weretilneck sumó además una mirada vinculada directamente con la región. “Argentina necesita una política de Estado clara: nuestros recursos naturales se defienden y nuestra soberanía se respeta. El Estado tiene que contar con instrumentos concretos para hacerlo efectivo”, afirmó.
El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario, mientras el respaldo del gobernador rionegrino incorpora una definición política relevante en torno a una iniciativa nacional que combina la cuestión Malvinas con cambios más amplios en materia de seguridad y defensa.