Por: Redacción
La Justicia Federal de Río Grande dispuso la suspensión de las operaciones vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, que busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. La medida fue adoptada por la jueza Mariel Borruto, a partir de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
La resolución alcanza a las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, asociadas para desarrollar el emprendimiento. El proyecto contempla una producción estimada de unos 50.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028.

La medida cautelar establece el cese de las operaciones relacionadas con Sea Lion. De acuerdo con la resolución, las compañías deberán detener las perforaciones y las instalaciones vinculadas al proyecto y tampoco podrán avanzar con contratos o recibir desembolsos destinados a darle continuidad.
La decisión se produce luego de que la jueza Borruto se declarara competente para intervenir en el planteo. El CECIM había presentado el recurso judicial tres días antes de que el Gobierno nacional difundiera el mensaje presidencial referido a la cuestión Malvinas.
Por tratarse de una medida cautelar, la magistrada aclaró que la resolución no implica una decisión definitiva sobre el fondo del conflicto ni determina por sí misma la situación jurídica del proyecto petrolero.

Sea Lion es uno de los principales proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados en las proximidades de las Islas Malvinas. Rockhopper y Navitas conformaron una sociedad para avanzar con el desarrollo de los yacimientos y proyectaron comenzar la producción durante los próximos años.
La decisión judicial vuelve a colocar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Para el Gobierno argentino, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área forman parte de una cuestión vinculada con la soberanía sobre las Malvinas.
En este caso, sin embargo, el origen de la intervención judicial fue el planteo presentado por el CECIM de La Plata, y no una decisión administrativa adoptada por el Poder Ejecutivo nacional.
La resolución de Borruto llega en medio de una renovada discusión política sobre la explotación de petróleo en el área de Malvinas. El proyecto Sea Lion había avanzado con tareas preparatorias y tenía como objetivo comenzar a producir crudo hacia 2028.
La cautelar impone ahora un freno a esas actividades mientras continúa el proceso judicial. La jueza deberá avanzar sobre las cuestiones planteadas por los excombatientes y determinar, en las siguientes etapas del expediente, si corresponde adoptar una decisión sobre el fondo del reclamo.
La suspensión representa así un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de recursos naturales alrededor de las Malvinas, aunque el fallo no resuelve la cuestión de soberanía ni implica todavía una prohibición definitiva del proyecto Sea Lion.