Odarda cuestionó el cierre del CAINA y pidió explicaciones al Gobierno de Río Negro

Por: Redacción

La legisladora provincial Magdalena Odarda, junto a Mirta López, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Río Negro explique las razones del cierre del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de Sierra Grande y detalle cómo continuará la atención de los chicos que se encontraban alojados en la institución.

La iniciativa, impulsada por Odarda y acompañada por legisladores de Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, surgió luego de que la Subsecretaría de Medidas de Protección Excepcional de la SENAF comunicara el 8 de septiembre que el dispositivo dejaría de funcionar en el marco de una “reorganización y adecuación”.


 

Odarda cuestionó la falta de precisiones sobre los traslados

Para las legisladoras, la explicación oficial resulta insuficiente frente a una medida que involucra directamente a niños y adolescentes que requieren protección estatal. El pedido busca conocer qué evaluación precedió al cierre y cuáles serán las alternativas previstas para garantizar la continuidad de la atención.

“Queremos saber dónde van a ser trasladados, qué va a pasar con ellos y qué alternativas van a quedar en Sierra Grande. No se puede cerrar un lugar de estas características sin dar respuestas claras”, sostuvo Odarda.

Uno de los principales puntos planteados está relacionado con los posibles traslados de los menores. Odarda y López reclamaron que, en caso de existir hermanos entre los jóvenes alojados, se garantice que permanezcan juntos y que no sean separados como consecuencia de la reorganización.
 

Reclaman conocer el impacto en Sierra Grande

Las legisladoras también solicitaron información sobre las localidades a las que serían derivados los chicos y la distancia que tendrán respecto de Sierra Grande y sus familias. Advirtieron que un traslado no implica únicamente modificar el lugar de alojamiento, sino también afectar vínculos familiares, escolares y comunitarios.

“Hay que tener en cuenta que detrás de cada traslado hay chicos que tienen una familia, una escuela, vínculos y una comunidad. Alejarlos de su lugar también tiene consecuencias”, afirmó Odarda.

El pedido de informes apunta además a determinar qué equipos profesionales participaron de las evaluaciones que derivaron en el cierre y si el Gobierno analizó previamente las consecuencias que la medida podría generar para Sierra Grande y el conjunto de la Zona Atlántica.
 

Qué pasará con los trabajadores del CAINA

Otro de los interrogantes planteados por Odarda y López está relacionado con los trabajadores del dispositivo. Las legisladoras solicitaron que el Ejecutivo informe cuál será su situación y si existe un plan para reasignar funciones o fortalecer otros espacios de atención en la localidad.

La discusión de fondo pasa por cómo garantizar la protección de niños y adolescentes en Sierra Grande una vez cerrado el CAINA. Desde la oposición sostienen que la reorganización de los dispositivos no debería traducirse en una pérdida de respuestas estatales para la localidad.

“El CAINA cumple una función que alguien va a tener que seguir cumpliendo. El Gobierno debe explicar cuál es el plan y cómo piensa garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes de Sierra Grande cuando necesiten una respuesta del Estado”, concluyó Odarda.