Santa Cruz reclama recursos a Nación para aplicar el nuevo régimen penal juvenil

Por: Redacción

La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió en Santa Cruz una discusión que no se limita a la entrada en vigencia de la Ley 27.801. El Gobierno de Claudio Vidal comenzó a gestionar ante Nación recursos técnicos, capacitación y herramientas de gestión para poder aplicar el nuevo esquema en el territorio provincial.

El planteo quedó formalizado a través de un convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz y el Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Juan Bautista Mahiques. El objetivo es reforzar las capacidades provinciales frente a las nuevas exigencias que implica el régimen para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.


 

Santa Cruz pidió capacitación obligatoria para aplicar la nueva ley

Durante una reunión con Mahiques, la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Melisa Peralta, planteó la necesidad de establecer una capacitación técnica obligatoria para los operadores y profesionales que intervengan en los procedimientos vinculados al nuevo régimen.

La Provincia considera que la modificación normativa exige contar con personal preparado para intervenir en las distintas etapas del proceso. La preocupación no pasa solamente por conocer la nueva legislación, sino por garantizar que existan equipos especializados capaces de sostener su aplicación.

En ese sentido, Santa Cruz también solicitó avanzar en la disponibilidad y coordinación de supervisores especializados entre los ámbitos federal y provincial. La intención es evitar que la falta de recursos humanos termine convirtiéndose en un obstáculo para implementar las nuevas disposiciones.
 

El pedido incluye herramientas informáticas y seguimiento de casos

Otro de los puntos planteados por el Gobierno provincial fue el acceso a plataformas de gestión y herramientas informáticas que permitan realizar un seguimiento sistemático de los adolescentes alcanzados por el régimen penal juvenil.

La Provincia también pidió contar con información estadística para conocer la cantidad de intervenciones, su evolución y las características de los casos. Para Santa Cruz, disponer de esos datos será clave para evaluar el funcionamiento del nuevo sistema y planificar las políticas necesarias.

El reclamo tiene una particularidad territorial. Santa Cruz es una provincia extensa, con localidades alejadas de los principales centros urbanos, por lo que la implementación de un régimen que requiere operadores especializados y seguimiento permanente presenta dificultades adicionales.
 

Vidal busca sostener el nuevo régimen en el territorio

Desde el Gobierno santacruceño remarcaron que la aplicación de una reforma penal requiere mucho más que modificar procedimientos administrativos. También demanda profesionales, infraestructura, sistemas de información y mecanismos de coordinación que permitan sostener las decisiones adoptadas.

Peralta sintetizó el planteo provincial al señalar que buscan “ordenar y dar respuesta concreta en el territorio ante las normativas que bajan desde Nación”. La definición expone uno de los desafíos centrales de la reforma: mientras las nuevas reglas se establecen a nivel nacional, buena parte de su aplicación concreta recae sobre las estructuras provinciales.
 

Santa Cruz reclama coordinación y recursos para la implementación

El convenio firmado con el Ministerio de Justicia apunta precisamente a reducir esa brecha y establecer herramientas de articulación entre ambas jurisdicciones. Desde Santa Cruz sostienen que el objetivo es “blindar institucionalmente” el abordaje territorial y garantizar las condiciones necesarias para responder a los cambios legislativos.

El planteo de la administración de Claudio Vidal deja así una cuestión central sobre la mesa: la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obliga a las provincias a adaptar sus estructuras, pero para hacerlo necesitan recursos, capacitación y coordinación con Nación.

La discusión recién comienza y tendrá como uno de sus principales desafíos transformar el nuevo marco legal en una política que pueda aplicarse de manera efectiva en todo el territorio santacruceño.