Malvinas: el Gobierno prepara sanciones contra empresas pesqueras vinculadas a las islas

Por: Redacción

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo capítulo de su estrategia sobre las Islas Malvinas y ahora pone el foco sobre una actividad que ya representa una fuente central de ingresos para el archipiélago: la pesca. La Casa Rosada analiza una reforma de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, para ampliar el universo de actividades y actores alcanzados por las sanciones.

La iniciativa aparece después de las medidas impulsadas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos y mientras el proyecto petrolero Sea Lion gana protagonismo. La intención oficial es que el régimen pueda alcanzar no solamente a compañías petroleras, sino también a personas jurídicas y físicas relacionadas con actividades económicas desarrolladas en las islas.


 

La pesca de Malvinas queda bajo la lupa del Gobierno

El negocio pesquero tiene una diferencia sustancial respecto del petróleo: no se trata de una actividad futura, sino de una industria consolidada que genera ingresos para las autoridades isleñas desde hace años. En 2024, las estadísticas oficiales de las islas registraron 261.903 toneladas de capturas comerciales, con 146.689 toneladas correspondientes al calamar Illex argentinus.

A ese volumen se suman otras especies como el calamar patagónico Doryteuthis gahi y la merluza negra. El sistema de licencias pesqueras constituye uno de los pilares de la economía de las islas, por lo que una ampliación de las sanciones argentinas podría afectar a empresas, armadores, operadores y otros actores vinculados con esa cadena.

La discusión también expone un debate dentro del propio Gobierno sobre la efectividad de la legislación vigente. Una fuente oficial cuestionó la estrategia basada exclusivamente en el endurecimiento de las penas: “No sirve la dureza sin opción”. Según esa mirada, el objetivo sería generar incentivos económicos para que las compañías abandonen las actividades alcanzadas por las restricciones argentinas.


 

La Ley Pino Solanas podría tener un alcance mayor

La reforma en estudio busca revisar el régimen establecido por la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes participen de determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El Ejecutivo analiza extender su aplicación y diferenciar las responsabilidades según la conducta de cada empresa o persona involucrada.

“No hubo ninguna condena con la aplicación de esta ley”, sostuvo otra fuente al referirse a las causas iniciadas contra petroleras en 2015. En ese sentido, dentro del Gobierno consideran que el nuevo esquema no debería limitarse a crear penas más severas, sino que tendría que producir consecuencias concretas sobre las decisiones comerciales de las compañías.

La intención oficial es que las empresas incorporen el riesgo de las sanciones argentinas cuando evalúen sus negocios en el país. “No hay excepciones”, aseguró una de las fuentes consultadas, aunque aclaró que la eventual aplicación del régimen deberá analizarse “caso por caso”.
 

De la pesca al petróleo: la disputa por los recursos

Mientras la Argentina estudia ampliar la presión sobre las actividades económicas de las islas, la administración de Malvinas avanza con una estrategia de diversificación de sus recursos. Además de la pesca y las expectativas generadas por Sea Lion, las autoridades isleñas analizan la posibilidad de desarrollar una industria de salmonicultura comercial a gran escala.

La consulta pública sobre esa actividad permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. El proceso contempla distintas alternativas, desde rechazar la salmonicultura hasta permitir proyectos comerciales de gran escala o modelos productivos más limitados. La empresa Unity Marine presentó uno de los proyectos utilizados como referencia durante el análisis.

El escenario agrega un nuevo elemento a la disputa por el Atlántico Sur. La pesca ya constituye una actividad económica consolidada, mientras que el petróleo aparece como una apuesta de mayor impacto futuro y la acuicultura podría convertirse en otra fuente de ingresos. Para el Gobierno argentino, el desafío pasa ahora por determinar hasta dónde extender las herramientas legales para afectar a quienes participen de esas actividades.

En paralelo, el CECIM La Plata intimó al canciller Pablo Quirno para que intervenga ante la proyectada ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Los excombatientes sostienen que esa conexión podría funcionar como soporte logístico para Sea Lion y reclamaron protestas diplomáticas y la aplicación de sanciones contra empresas vinculadas con transporte, aprovisionamiento y logística.

El próximo escenario será el Congreso, donde deberá discutirse cualquier modificación de la Ley 26.659. Si la reforma avanza con el alcance que analiza la Casa Rosada, la política argentina sobre Malvinas podría dejar de concentrarse exclusivamente en el petróleo y extenderse hacia una estructura económica que ya funciona: la pesca y el conjunto de negocios asociados a la explotación de los recursos del Atlántico Sur.