Bariloche blindó 1.920 hectáreas del Catedral y crece la tensión por el desarrollo urbano

Por: Redacción

El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche aprobó una ordenanza que refuerza la protección sobre las 1.920 hectáreas públicas vinculadas al Cerro Catedral y establece que esas tierras no podrán ser vendidas, cedidas, permutadas ni transferidas bajo ninguna modalidad que implique perder el dominio municipal.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche, y fue aprobada por unanimidad de los siete ediles presentes. La medida ratifica una protección que ya está contemplada en la Carta Orgánica municipal y busca darle una aplicación concreta frente a futuras decisiones sobre el patrimonio público.


 

Qué establece la nueva ordenanza

Además de ratificar el carácter inalienable de las tierras, la norma encomienda al Ejecutivo municipal avanzar con la inscripción de los terrenos a nombre del Municipio en el Registro de la Propiedad. También solicita actualizar la información catastral provincial para incorporar las restricciones derivadas de su condición de patrimonio inalienable.

El texto aprobado plantea además la intervención de Parques Nacionales en las cuestiones vinculadas con la tutela ambiental del sector. Los impulsores de la ordenanza sostienen que se trata de una forma de reforzar institucionalmente el carácter público de las tierras.

La decisión del Concejo se produce mientras el gobierno de Walter Cortés continúa avanzando con el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el área Catedral, elaborado junto con Catedral Alta Patagonia (CAPSA).
 

El punto de conflicto: qué puede hacerse sobre las tierras

El Plan Director contempla un esquema de desarrollo turístico y residencial sobre una superficie considerablemente menor que las 1.920 hectáreas alcanzadas por la nueva ordenanza. Según las distintas versiones incorporadas al debate, el área de intervención estaría comprendida entre 70 y 80 hectáreas.

Desde el oficialismo sostienen que el proyecto no implica una privatización, ya que el dominio de las tierras continuaría en manos del Municipio. La administración de Cortés también plantea que la superficie intervenida representa una porción reducida del patrimonio total y que el desarrollo permitiría incorporar infraestructura sin trasladar su costo directamente a los vecinos.

La oposición mantiene otra interpretación. Costa Brutten y otros sectores del Concejo advierten que habilitar nuevos parámetros urbanísticos sobre tierras con protección especial podría generar una transformación del patrimonio municipal que exceda los límites establecidos por la Carta Orgánica.
 

El fideicomiso y las normas que siguen pendientes

Otro de los puntos de discusión es la eventual utilización de un fideicomiso para instrumentar el desarrollo. Quienes cuestionan el proyecto advierten que ese mecanismo podría generar una pérdida indirecta del carácter público de las tierras, aun cuando formalmente el dominio continúe en manos municipales.

Los fundamentos de la ordenanza también ponen el foco en distintas herramientas de planificación que todavía permanecen pendientes para el sector Catedral. Entre ellas aparecen el Código Ambiental, la normativa sobre peligros geológicos y el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental específico para la Delegación Catedral.

La discusión tiene además antecedentes jurídicos que exceden a la actual gestión municipal. Las tierras fueron incorporadas al esquema estatal a partir de la donación realizada por Francisco Pascasio Moreno y posteriormente transferidas mediante legislación nacional y provincial para destinarlas a actividades turísticas y deportivas.

En 2007, la provincia autorizó su cesión gratuita al Municipio de Bariloche bajo determinadas condiciones. Sin embargo, la escrituración definitiva de las tierras continúa apareciendo como uno de los puntos señalados dentro de la discusión patrimonial.

La ordenanza aprobada ahora no frena por sí misma el Plan Director ni define el futuro del desarrollo urbanístico en Catedral. Sí establece una definición política del Concejo: las 1.920 hectáreas deben permanecer dentro del patrimonio municipal y no pueden ser objeto de una operación que implique desprenderse de su dominio.

El próximo paso quedará en manos del Ejecutivo de Walter Cortés, que deberá decidir si promulga la ordenanza o utiliza la herramienta del veto, en un debate que promete continuar alrededor del futuro de uno de los principales sectores turísticos de Bariloche.