Malvinas: Milei endurece el discurso y desempolva medidas que ya existían

Por: Redacción

El Gobierno de Javier Milei decidió endurecer su posición sobre Malvinas y anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., a las que acusa de operar bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en territorio que la Argentina considera propio.

La decisión fue presentada por la Casa Rosada como una nueva ofensiva en defensa de la soberanía. Sin embargo, detrás del anuncio aparece una pregunta incómoda para el propio Gobierno: ¿qué cambió para que Milei decidiera ahora convertir a Malvinas en una bandera política, si las herramientas legales que utiliza existen desde hace más de una década y algunas de estas empresas ya habían sido sancionadas durante el gobierno de Alberto Fernández?



 

Una ley de 2011 que ahora vuelve al centro

El principal argumento jurídico utilizado por la administración libertaria es la Ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La norma fue sancionada en marzo de 2011, mucho antes de la llegada de Milei al poder, y ya contemplaba sanciones para quienes desarrollaran actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Pero la historia no termina ahí. En abril de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía había resuelto inhabilitar durante 20 años a Navitas Petroleum LP, precisamente por sus actividades vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno de entonces sostuvo que las licencias utilizadas eran ilegales y aplicó las herramientas previstas por la misma Ley 26.659 que ahora vuelve a invocar Milei.

Es decir, el conflicto con las petroleras no nació con Milei ni la respuesta jurídica apareció ahora. Ya había advertencias, actuaciones administrativas y sanciones contra empresas involucradas en el proyecto. Incluso durante 2020 se habían enviado notas de desaliento a compañías vinculadas con estas operaciones para advertirles sobre la legislación argentina y las consecuencias de participar en actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional.
 

¿Qué cambió para que Milei cambie ahora?

La novedad, entonces, no es solamente la existencia de las petroleras ni la legislación que permite actuar contra ellas. La novedad es el giro político del Gobierno.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la cuestión Malvinas había tenido una presencia mucho más acotada dentro de la agenda presidencial y había predominado una estrategia centrada en la vía diplomática. Ahora el Presidente decidió subir el tono, anunciar sanciones, impulsar nuevas herramientas vinculadas con la soberanía y presentar el conflicto por la explotación petrolera como una cuestión estratégica. Reuters calificó el movimiento como un cambio respecto del enfoque más diplomático que había mostrado previamente la administración libertaria.

El giro tampoco ocurre en el vacío. Se produce después de nuevas señales alrededor del proyecto petrolero Sea Lion y en un contexto internacional en el que Donald Trump realizó declaraciones que Milei interpretó como favorables a la posición argentina. Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta un escenario político complejo y se acerca el proceso electoral de 2027. Una encuesta de Management & Fit publicada este lunes mostró que el 61,1% de los consultados considera que el cambio de posición de Milei sobre Malvinas responde a una conveniencia política.
 

La base naval, otra pieza del nuevo relato

En ese mismo paquete apareció la decisión de instruir al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en el Presupuesto 2027 la Base Naval Integrada de Ushuaia y otros proyectos estratégicos vinculados con la seguridad nacional.

Pero nuevamente hay una historia anterior. La construcción de esa base comenzó en marzo de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, como parte de una estrategia para fortalecer la presencia argentina en Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Por eso, el movimiento actual del Gobierno tiene una particularidad: Milei no está descubriendo una política de soberanía desde cero, sino retomando herramientas, proyectos y argumentos que ya estaban en marcha y colocándolos ahora dentro de un nuevo discurso presidencial.

La pregunta que queda abierta es por qué. Si la Ley 26.659 ya permitía sancionar a las empresas, si Navitas ya había sido inhabilitada durante el gobierno anterior y si la Base Naval de Ushuaia ya había comenzado a construirse en 2022, ¿qué llevó al Gobierno de Milei a convertir ahora estas medidas en el centro de una nueva política sobre Malvinas?

La respuesta puede estar en una combinación de factores internacionales, estratégicos y políticos. Pero hay algo que queda claro: el Gobierno cambió el tono y volvió a poner a Malvinas en el centro de la escena. Y para hacerlo, está desempolvando buena parte de una estructura legal y política que ya existía mucho antes de Milei.