Por: Redacción
Tierra del Fuego prepara una ofensiva económica contra el corredor logístico que conecta Punta Arenas con Malvinas. El gobierno de Gustavo Melella analiza una ley para sancionar a empresas que utilicen infraestructura vinculada con las operaciones marítimas hacia las islas, con el objetivo de elevar los costos de una ruta que puede facilitar el abastecimiento del archipiélago.
La estrategia fue planteada abiertamente por Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. “Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas”, sostuvo el funcionario, en una definición que resume la apuesta provincial: utilizar las herramientas económicas y la posición geográfica de la provincia para presionar sobre las actividades vinculadas con la ocupación británica.

La iniciativa apunta a determinar cómo sancionar el uso de infraestructura vinculada con el corredor y también analiza la aplicación del Decreto 256, que regula determinados movimientos marítimos relacionados con las islas. El desafío será transformar el planteo político en una norma efectiva y establecer hasta dónde llegan las competencias provinciales frente a una actividad que también involucra intereses nacionales e internacionales.
Dachary sostuvo que Tierra del Fuego cuenta con una posición estratégica para intervenir sobre esos movimientos. Desde la mirada del gobierno fueguino, los recorridos que parten de la boca oriental del Estrecho de Magallanes atraviesan espacios marítimos que Argentina considera bajo su jurisdicción y, en las proximidades de Malvinas, ingresan en aguas que la provincia reivindica como parte de su territorio.
El objetivo no es solamente simbólico. La administración de Melella pretende que las empresas que faciliten la logística hacia las islas enfrenten un costo adicional. La apuesta consiste en transformar la infraestructura y la ubicación geográfica de Tierra del Fuego en una herramienta concreta de presión sobre las operaciones británicas.
El problema tiene además una dimensión diplomática. Mientras Chile mantiene formalmente su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, desde Punta Arenas avanzan iniciativas comerciales que pueden facilitar la conexión logística con las islas.
Dachary apuntó contra “ciertos gobernantes locales chilenos” por lo que considera posiciones favorables a los intereses británicos. La crítica marca una diferencia entre la postura diplomática de Santiago y los intereses comerciales que pueden desarrollarse en el extremo sur de Chile.
Para Tierra del Fuego, el punto central es que un corredor más eficiente desde Punta Arenas puede reducir tiempos y costos para las operaciones vinculadas con Malvinas. Y esa posibilidad choca directamente con la estrategia fueguina de hacer más cara la presencia británica en el Atlántico Sur.

Detrás de la ofensiva aparece otro factor estratégico: el petróleo. El gobierno fueguino advierte que una eventual expansión de la actividad hidrocarburífera alrededor de Malvinas podría modificar la estructura económica de las islas y aumentar los recursos disponibles para sostener su funcionamiento.
Según los datos expuestos por Dachary, actualmente el 58% del producto de las islas proviene de las licencias pesqueras, con participación principalmente de embarcaciones de España, Corea del Sur y Taiwán. El petróleo podría incorporar una fuente de ingresos de una magnitud diferente.
La preocupación de Tierra del Fuego es que una economía isleña más rentable reduzca el peso financiero que representa para Londres mantener su presencia en el Atlántico Sur. En ese escenario, la discusión por la logística deja de ser secundaria: se convierte en una pieza más de la disputa económica alrededor de Malvinas.
La ofensiva de Melella coincide además con el endurecimiento del discurso de Javier Milei frente al Reino Unido. Sin embargo, desde Tierra del Fuego también cuestionaron el cambio de rumbo de la Casa Rosada y recordaron el entendimiento que la entonces canciller Diana Mondino había impulsado con su par británico David Lammy en materia de conectividad aérea y cooperación pesquera.
Dachary incluso habló de un posible “oportunismo político”, aunque dejó abierta la puerta a acompañar la nueva postura nacional si el giro resulta genuino. Así, Milei y Melella terminan coincidiendo en el endurecimiento frente a Londres, aunque desde posiciones políticas enfrentadas y con estrategias diferentes.
El próximo capítulo será determinar si las sanciones que prepara Tierra del Fuego pueden convertirse en algo más que una declaración política. El Gobierno fueguino quiere que el corredor de Punta Arenas hacia Malvinas deje de ser una ventaja logística y empiece a convertirse en un costo para quienes lo utilizan.