Gonzalo “Chispa” Sánchez: de armador pesquero en San Antonio Oeste a condenado por lesa humanidad

Por: Redacción

La condena llegó desde Buenos Aires, pero la historia de Gonzalo “Chispa” Sánchez también tiene un capítulo profundo en Río Negro. El exoficial de inteligencia de Prefectura Naval e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 que operó en la ESMA fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por 178 casos de privación ilegítima de la libertad agravada, considerados crímenes de lesa humanidad.

El miércoles 26 de agosto, el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia unánime contra Sánchez, quien escuchó el veredicto desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde permanece detenido. Había permanecido prófugo durante 15 años y fue extraditado desde Brasil en 2020. Pero casi 25 años antes de la condena, su nombre había quedado expuesto en San Antonio Oeste, donde una investigación periodística reconstruyó su pasado y derivó en una reacción institucional que lo declaró persona no grata.
 

El intento de instalar un astillero y la investigación sobre su pasado

A comienzos de los años 2000, Sánchez llegó a San Antonio Oeste vinculado con la actividad pesquera y naval. Se presentaba como perito naval, constructor y proyectista especializado en ingeniería pesquera y portuaria, con la intención de impulsar un astillero que, según sus propios anuncios, podía generar alrededor de 150 puestos de trabajo.

En una ciudad atravesada entonces por la crisis pesquera y los conflictos laborales, el proyecto prometía inversiones y empleo. Sin embargo, entre trabajadores del sector comenzó a circular una versión que vinculaba al empresario naval con los grupos represivos que habían actuado durante la última dictadura militar. El nombre de Sánchez, además, había aparecido entre los requeridos en pedidos de extradición impulsados por el juez español Baltasar Garzón.

El periodista Pedro Caram siguió aquella pista y comenzó a revisar archivos, documentación vinculada con el Juicio a las Juntas y el informe Nunca Más. Las coincidencias permitieron avanzar sobre una pregunta central: si el hombre que pretendía instalar un astillero en San Antonio Oeste era el mismo Gonzalo Sánchez vinculado con la estructura represiva de la ESMA.
 

“¿Y qué hace ahí?”: los sobrevivientes que reconocieron a Sánchez

La investigación sumó luego los testimonios de sobrevivientes de la ESMA, entre ellos Carlos García, Elisa Tokar, Liliana Gardella y la periodista Miriam Lewin. Los testimonios ubicaban a Sánchez en distintos sectores del centro clandestino de detención, como “El Sótano”, “Capucha”, “El Dorado” y “La Pecera”.

Al conocer que el hombre identificado en los testimonios desarrollaba actividades en San Antonio Oeste, Lewin dejó una pregunta que resumía la distancia entre dos mundos: “¿Y qué hace ahí?”. Entre la ESMA y la costa rionegrina había miles de kilómetros, pero la investigación periodística había comenzado a reconstruir un pasado que Sánchez intentaba dejar atrás.

Cuando Caram lo entrevistó en el muelle pesquero sanantoniense, Sánchez reconoció su paso por Prefectura y habló de su actividad como constructor naval, pero evitó profundizar sobre las acusaciones que lo vinculaban con la ESMA. “El proceso militar fue uno más de todos los que han pasado en este país”, respondió cuando la conversación derivó hacia la dictadura. Luego insistió en su objetivo empresarial: “Yo hago buenos barcos”.
 

San Antonio Oeste lo declaró persona no grata antes de la condena

La publicación de la investigación provocó una reacción inmediata en la comunidad. Los antecedentes de Sánchez comenzaron a discutirse públicamente y el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste tomó intervención. La confirmación de su identidad llegó a partir de un dato aportado por Caram: el número de documento obtenido de registros de la guardia de Prefectura, donde Sánchez realizaba trámites vinculados con los buques de una empresa pesquera.

El número coincidía con el consignado en la documentación relacionada con su pasado represivo. Con ese elemento, el Concejo Deliberante, presidido entonces por el abogado Miguel Ángel Galindo Roldán, resolvió por unanimidad declarar a Gonzalo Sánchez persona no grata para San Antonio Oeste y rechazó el proyecto para instalar el astillero.

Meses después, los entonces legisladores Eduardo “Bachi” Chironi y Guillermo Wood impulsaron una declaración para extender esa condición a todo Río Negro. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura, en un contexto en el que todavía estaban vigentes las leyes de impunidad y los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura permanecían limitados.
 

De 15 años prófugo a la condena por 178 secuestros en la ESMA

Con la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, Sánchez volvió a quedar bajo investigación judicial. Permaneció prófugo durante 15 años y en 2013 fue detenido por Interpol en Angra dos Reis, Brasil, donde residía como ingeniero naval y ejercía como pastor evangélico. Su situación judicial continuó durante años hasta que fue detenido nuevamente y extraditado a la Argentina en 2020.

El juicio que concluyó el 26 de agosto correspondió al noveno tramo de la megacausa ESMA. El Tribunal Oral Federal N° 5 consideró probado que Sánchez fue coautor de 178 privaciones ilegítimas de la libertad triplemente agravadas. Entre las víctimas de los hechos juzgados figuran Rodolfo Walsh, Norma Arrostito, Dagmar Hagelin, Ana María Ponce y Patricia Roisinblit, entre otras personas secuestradas durante el terrorismo de Estado.

La Fiscalía y las querellas habían solicitado una pena de 25 años, mientras que el tribunal impuso 16 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 22 de octubre y la Fiscalía anticipó que apelará la condena.

La sentencia no sólo cierra un nuevo tramo judicial de la megacausa ESMA. También vuelve a conectar aquella condena con una historia que San Antonio Oeste conoció mucho antes de que llegara el fallo. Allí, cuando Sánchez intentaba presentarse como un empresario dedicado a construir barcos, una investigación, los testimonios de sobrevivientes y la reacción de las instituciones locales pusieron su pasado en discusión. Casi 25 años después, un tribunal federal terminó de establecer responsabilidades penales por crímenes de lesa humanidad.