miércoles 02 de septiembre de 2026 - Edición Nº2828

Regional | 2 sep 2026

Lago Escondido

Odarda denunció al juez que homologó el acuerdo entre el Estado y Hidden Lake por Lago Escondido

La legisladora presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Edgardo Lara Correa por su actuación en la causa sobre las tierras de Lago Escondido.


Por: Redacción

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Edgardo Walter Lara Correa, a raíz de su actuación en la causa que investigaba la legalidad de las autorizaciones que permitieron a Hidden Lake S.A. adquirir miles de hectáreas en torno al Lago Escondido.

La presentación cuestiona especialmente la decisión del magistrado de homologar, el 28 de enero de 2026 y durante la feria judicial, un acuerdo entre el Estado Nacional y Hidden Lake S.A. que puso fin a la acción de lesividad iniciada por el propio Estado para intentar obtener la nulidad de esas autorizaciones. Según planteó Odarda, el Ministerio del Interior había considerado previamente que esos actos eran lesivos al interés general y presentaban vicios de nulidad absoluta e insanable.


Lago Escondido: qué cuestiona Odarda del acuerdo con Hidden Lake

La legisladora sostuvo que el cierre de la causa produjo un cambio sustancial en la situación jurídica de las tierras ubicadas alrededor del Lago Escondido. “Estamos hablando de una causa en la que el propio Estado había reconocido que existían irregularidades y había recurrido a la Justicia para que se investigaran”, afirmó.

Odarda cuestionó que, luego del cambio de Gobierno, la acción impulsada por el Estado haya sido abandonada y que posteriormente el juez haya homologado el acuerdo. Para la legisladora, la decisión terminó consolidando jurídicamente la situación de Hidden Lake S.A. sobre un territorio que desde hace años permanece en el centro de una disputa política y judicial.

Otro de los puntos señalados en la denuncia está relacionado con la habilitación de la feria judicial. Según la presentación, Hidden Lake solicitó esa medida invocando cuestiones vinculadas con obras de infraestructura y la provisión de energía eléctrica en la zona. Odarda considera que esos argumentos no justificarían la urgencia para resolver durante la feria una causa de esta trascendencia, debido a que los problemas mencionados llevan años sin una solución definitiva.
 

La denuncia contra el juez por el expediente de Lago Escondido

La legisladora también puso el foco en las condiciones de acceso al expediente judicial. “Es muy llamativo que una causa de interés público, que involucra miles de hectáreas y el acceso a Lago Escondido, haya tenido un cierre total del expediente, como si se tratara de un expediente clasificado”, sostuvo.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura señala además que la homologación se produjo mientras continúa pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa vinculada con el libre acceso al Lago Escondido. El conflicto por el acceso al lago lleva más de dos décadas y se relaciona con la posibilidad de garantizar el ingreso público a un bien del dominio público.

De acuerdo con lo expuesto por Odarda, las tierras alcanzadas por la acción de lesividad superan las 12.000 hectáreas y rodean el lago. La legisladora sostuvo que, con el cierre de la causa, el Estado dejó de sostener su propio cuestionamiento sobre la legalidad de las autorizaciones y Hidden Lake quedó en una posición jurídica consolidada sobre el territorio.
 

Qué pidió Odarda al Consejo de la Magistratura

“Con esta decisión se termina de entregar jurídicamente el Lago Escondido a Lewis”, afirmó Odarda, en referencia al empresario británico Joe Lewis, vinculado con Hidden Lake S.A. La legisladora aclaró que su presentación no pretende que el Consejo de la Magistratura revise el contenido de una sentencia, sino que investigue la conducta funcional del magistrado y las circunstancias que rodearon la homologación.

Entre los aspectos que pidió analizar figuran la habilitación de la feria judicial, la restricción del acceso al expediente, el control realizado sobre el acuerdo entre el Estado y la empresa y la consideración de los derechos e intereses de terceros involucrados en el conflicto.

Finalmente, Odarda solicitó que el Consejo de la Magistratura abra una investigación y determine si la actuación del juez Edgardo Walter Lara Correa podría configurar faltas disciplinarias o, por su gravedad, constituir un supuesto de mal desempeño en sus funciones.

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