Procesan a dos exfuncionarias de ANMAT y la causa vuelve a poner a Lugones bajo presión

Por: Redacción

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga las muertes vinculadas a la administración de fentanilo contaminado elaborado por los laboratorios HLB y Ramallo. La resolución sostiene que ambas exfuncionarias realizaron un “aporte concreto y necesario” a los hechos investigados.

Aunque el magistrado diferenció la responsabilidad de las imputadas de la situación procesal del ministro de Salud, Mario Lugones, la resolución vuelve a colocar su actuación en el centro del expediente. Las declaraciones incorporadas a la causa describen consultas permanentes al ministro sobre las medidas que debían adoptarse frente a los incumplimientos detectados en los laboratorios.


 

El procesamiento por el fentanilo contaminado alcanza a dos exfuncionarias

Bisio, directora de la ANMAT, y Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos, fueron procesadas como “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales”, según la resolución judicial.

Kreplak también ordenó la inhibición y el embargo de sus bienes hasta cubrir 500.000 millones de pesos. Además, ambas deberán cumplir condiciones para permanecer en libertad, entre ellas no salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades.

Para el juez, las funcionarias no adoptaron “las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces” frente a la situación detectada. La investigación analiza cerca de 90 muertes relacionadas con la administración hospitalaria del fentanilo contaminado.
 

Las declaraciones que volvieron a involucrar a Mario Lugones

La resolución reconstruye una serie de reuniones, informes y conversaciones en las que aparece mencionado Lugones. Según declaró Bisio, las situaciones relacionadas con los laboratorios eran informadas al ministro y existían instrucciones sobre la necesidad de avanzar con cierres.

“Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones”, declaró Bisio. También sostuvo que, ante una consulta sobre cómo proceder frente a una situación concreta, recibió como respuesta: “sí, cerrá, cerrá”.

Mantecón Fumadó, por su parte, afirmó que las decisiones relevantes debían ser consultadas con el Ministerio y aseguró que no existía “independencia resolutiva” para avanzar sin esa instancia. Sin embargo, el juez señaló que, con los elementos reunidos hasta el momento, la intervención atribuida al ministro apuntaba al cierre de las instalaciones y no a permitir su continuidad.
 

Kreplak diferenció a Lugones de las funcionarias procesadas

El magistrado sostuvo que existen elementos para considerar que Lugones conocía “al menos las generalidades relevantes” de lo que ocurría con los laboratorios. Pero aclaró que, hasta ahora, las pruebas indican que su intervención “tendía lisa y llanamente a su cierre”.

La situación de Bisio, según Kreplak, fue diferente. Como máxima responsable de la ANMAT, tenía obligaciones específicas de control y, de acuerdo con la resolución, mantuvo una conducta que permitió la continuidad de la operatoria pese a conocer las irregularidades detectadas.

La causa sigue abierta y el procesamiento de las dos exfuncionarias no cierra el capítulo político ni judicial. Por el contrario, sus declaraciones volvieron a dejar documentado que las decisiones sobre los laboratorios llegaban a la órbita del Ministerio de Salud. Por ahora, Kreplak no atribuyó a Lugones una conducta delictiva, pero la investigación volvió a ubicar al ministro en una zona de presión política difícil de ignorar.