Llevan a la Justicia el proyecto petrolero Sea Lion y buscan frenar su avance en Malvinas

Por: Redacción

La disputa por la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una acción ante la Justicia Federal de Río Grande contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

La demanda apunta a un emprendimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Los demandantes sostienen que el proyecto avanza sobre la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional y sin cumplir, según plantean, con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación argentina.
 

La demanda contra Sea Lion busca frenar obras y financiamiento

La acción judicial solicita una medida preventiva para impedir el inicio o la continuidad de obras, perforaciones, instalaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías y otras actividades vinculadas con el desarrollo petrolero. El pedido también alcanza al financiamiento del proyecto y busca identificar a bancos, fondos, aseguradoras y otros actores económicos que participen en su ejecución.

El planteo cobra relevancia por el calendario previsto para Sea Lion. De acuerdo con la información incorporada a la presentación, durante 2026 comenzaron tareas relacionadas con la preparación de infraestructura y equipos, mientras que las perforaciones están proyectadas para comienzos de 2027 y la primera producción para el primer semestre de 2028.

El desarrollo contempla inicialmente 23 pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de infraestructura submarina y logística vinculada con Puerto Argentino. La demanda advierte que se trata de un proyecto de gran escala, con una estructura prevista para funcionar durante décadas.


 

Ambiente y soberanía, los dos ejes de la ofensiva judicial

Uno de los aspectos centrales de la presentación es el concepto de “tutela ambiental soberana”, con el que las organizaciones buscan unir en una misma causa la protección ambiental y el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Los demandantes sostienen que, si la Argentina reivindica derechos soberanos sobre esos territorios, también debe poder ejercer sus facultades de control, autorización y evaluación ambiental. Según la demanda, las empresas no habrían realizado ante el Estado argentino las presentaciones necesarias para avanzar con actividades de exploración o explotación de hidrocarburos.

La causa quedó registrada bajo el expediente FCR 13706/2026 y fue radicada ante el Juzgado Federal de Río Grande, Secretaría Civil y Comercial 3. Ahora, la Justicia deberá resolver cuestiones de competencia y jurisdicción, además de analizar el pedido para detener el avance del proyecto.



 

Rockhopper y Navitas, empresas sancionadas por la Argentina

El conflicto tiene antecedentes. Rockhopper, de capitales británicos y titular del 35% del proyecto según la documentación incorporada a la demanda, fue declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina para operar durante 20 años por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización.

Navitas Petroleum, que controla el 65% restante, también fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó además la decisión final de inversión anunciada para Sea Lion y cuestionó las actividades unilaterales de exploración y explotación en el área en disputa.

La demanda también incorpora como uno de sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de negociación recomendado por la ONU.

El planteo judicial intenta ahora trasladar esa discusión a los tribunales argentinos. La pregunta que deberá empezar a responder la Justicia es hasta dónde puede avanzar una jurisdicción nacional frente a un proyecto petrolero autorizado por el Reino Unido en un territorio cuya soberanía la Argentina continúa reclamando.