Por: Redacción
La Legislatura de Río Negro ya tiene en sus manos el proyecto que ratifica el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial. La iniciativa, que será tratada en única vuelta el jueves 3 de septiembre, no se limita a aceptar nuevas competencias: también declara la emergencia vial sobre ambos corredores y autoriza al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta 60 millones de dólares para comenzar a recuperar los sectores más deteriorados.
El proyecto sostiene que ambas rutas quedaron durante años sometidas a decisiones nacionales que derivaron en desinversión y postergación de obras. El diagnóstico oficial habla de ahuellamientos de hasta 17 centímetros, banquinas deterioradas y un incremento de la siniestralidad, en dos corredores fundamentales para la actividad económica de Río Negro y la conexión con Neuquén.
Pero detrás de la discusión sobre el estado de las rutas aparece una cuestión de mayor alcance: la Provincia asumirá una responsabilidad que hasta ahora correspondía a la Nación y deberá conseguir los recursos para sostenerla.
La iniciativa establece que la Dirección de Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación durante la emergencia vial. El organismo tendrá facultades para ejecutar obras y contrataciones de urgencia, celebrar convenios, recibir equipamiento y realizar los estudios técnicos necesarios.
La emergencia tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga. En los hechos, esto le permitirá al Gobierno provincial acelerar procedimientos sobre dos rutas que son estratégicas para el Alto Valle, el transporte de cargas, la producción frutícola y la actividad vinculada con Vaca Muerta.
El problema es que el traspaso no aparece acompañado, según surge del proyecto, por un esquema equivalente de financiamiento nacional para afrontar el deterioro acumulado. La Provincia recibe las rutas, pero también la obligación de ponerlas nuevamente en condiciones.
El capítulo que concentra buena parte de la discusión política es el que autoriza al Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta USD 60 millones. Los fondos estarán destinados al denominado “Programa de Obras para la Puesta en Valor de Tramos de Máxima Criticidad”, con financiamiento previsto a través de FONPLATA – Banco de Desarrollo.
La propuesta también contempla un estudio de preinversión para determinar futuros esquemas de explotación de los corredores. Entre las alternativas aparece incluso la posibilidad de concesionar determinados tramos.
Así, el traspaso abre una discusión que excede el estado del pavimento. Río Negro deberá definir cuánto le costará hacerse cargo de estas rutas, cómo pagará las obras y qué modelo de administración aplicará en el futuro.
Para el gobierno de Alberto Weretilneck, el acuerdo con Vialidad Nacional puede presentarse como una oportunidad para recuperar capacidad de decisión sobre una infraestructura estratégica. La Provincia tendrá mayor margen para intervenir sobre las rutas sin depender de los tiempos administrativos de Nación.
Pero el costo político también queda dentro de Río Negro. El deterioro que antes podía atribuirse exclusivamente a la falta de inversión nacional ahora pasa a formar parte de la agenda provincial, mientras que la solución inicial tendrá como herramienta un endeudamiento en dólares.
El proyecto que llegará al recinto el 3 de septiembre plantea, en definitiva, una paradoja: Río Negro obtiene el control de dos corredores fundamentales después de años de abandono, pero para recuperarlos deberá poner recursos propios y asumir deuda. La discusión legislativa tendrá que determinar si se trata de una transferencia estratégica de infraestructura o, en la práctica, de una transferencia de responsabilidades y costos.