La nueva secretaria de Ciencia de Milei y el doctorado que abre interrogantes sobre su reconocimiento académico

El Gobierno de Javier Milei eligió a Adriana Baravalle para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su llegada fue presentada como la incorporación de una especialista con experiencia en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Pero junto con su designación apareció también un antecedente académico que merece una revisión más profunda: el doctorado en Inteligencia Artificial que se le atribuye en la American Andragogy University (AAU), de Estados Unidos.

La institución existe como entidad registrada en Hawái, pero esa constatación no resuelve la cuestión central: cuál es exactamente su reconocimiento académico y qué tipo de acreditación posee. El dato adquiere especial relevancia porque el título aparece utilizado como parte de las credenciales de una funcionaria que acaba de asumir la conducción de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
 

Una universidad registrada, pero con preguntas sobre su acreditación

Decir que American Andragogy University “no existe” sería incorrecto. La institución figura en registros corporativos del estado de Hawái. Sin embargo, el registro estatal consultable actualmente indica que la entidad aparece con estado “Dissolved” (disuelta).

Pero incluso dejando de lado esa situación registral, existe una cuestión más importante: registro estatal y acreditación académica no son lo mismo. En Estados Unidos, una institución puede tener una estructura legal o autorización para operar sin contar necesariamente con una acreditación académica reconocida por los organismos correspondientes.

Y ahí aparece uno de los principales interrogantes del caso. La American Andragogy University no exhibe una acreditación de una agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos como las que habitualmente respaldan a las instituciones universitarias acreditadas.

La propia universidad utiliza una descripción particular de su modelo académico y señala que trabaja bajo una metodología “independent, non-traditional or unconventional”. Para un estudiante particular puede tratarse de una opción educativa determinada. Pero cuando ese título aparece como credencial de una funcionaria encargada de dirigir la política científica de un país, el estándar de escrutinio necesariamente es otro.
 

Los antecedentes oficiales que complican la explicación

La situación tampoco se limita a una cuestión de nombres o registros. American Andragogy University aparece mencionada en antecedentes oficiales del estado de Hawái vinculados con el funcionamiento y regulación de instituciones educativas no acreditadas.

En 2009, el Estado de Hawái inició acciones relacionadas con la institución a través de su Oficina de Protección al Consumidor. Entre los aspectos cuestionados figuraban precisamente cuestiones relacionadas con su carácter educativo, su acreditación y el cumplimiento de las normas estatales.

A eso se suma un informe de la Oficina del Auditor de Hawái de 2014, que incluyó a la institución dentro de un análisis sobre entidades educativas no acreditadas. Es decir, las dudas sobre su condición académica no son nuevas ni nacieron a partir de la designación de Baravalle.

Esto no permite afirmar que el doctorado de Baravalle sea falso. Tampoco permite concluir automáticamente que carezca de validez jurídica. Pero sí vuelve razonable preguntar qué tipo de título obtuvo, bajo qué régimen académico y qué organismo reconoce específicamente ese doctorado.
 

El contraste con la trayectoria que figura en la Universidad Austral

El caso presenta además una particularidad llamativa. Baravalle mantiene una extensa trayectoria vinculada a la Universidad Austral, donde actualmente aparece como doctoranda en Ingeniería, además de desempeñarse como directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales y desarrollar actividad docente vinculada con inteligencia artificial, seguridad informática y tecnologías emergentes.

Sin embargo, el doctorado en Inteligencia Artificial de American Andragogy University no aparece mencionado entre los antecedentes destacados en su perfil institucional.

La diferencia no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Pero genera una contradicción que merece ser aclarada: mientras el Gobierno utiliza ese doctorado como parte de la presentación de la nueva secretaria, su principal perfil académico público no lo incorpora entre sus credenciales.

¿Por qué? ¿Es un doctorado que no se considera relevante para su trayectoria académica? ¿Tiene un reconocimiento diferente al de los títulos que sí aparecen en su perfil? ¿O simplemente se trata de una omisión? La respuesta debería ser sencilla si el título cuenta con un reconocimiento académico claramente verificable.
 

La funcionaria que ahora debe definir la política científica

El asunto adquiere otra dimensión por el cargo que ocupa Baravalle. No se trata de una funcionaria de un área administrativa cualquiera: tendrá responsabilidad sobre políticas vinculadas con investigación, innovación, desarrollo tecnológico e inteligencia artificial.

Su trayectoria profesional es extensa y cuenta con antecedentes en esas áreas. Precisamente por eso, el interrogante sobre uno de sus títulos no debería ser difícil de responder ni debería transformarse en una discusión partidaria.

La cuestión es documental: qué institución otorgó el título, qué reconocimiento tenía al momento de otorgarlo, qué organismo la acreditaba y bajo qué marco fue considerado válido como antecedente académico para la designación.

Hasta ahora, el Gobierno presentó el doctorado como parte del currículum de Baravalle, pero no acompañó esa presentación con una explicación sobre el estatus académico de la institución que lo otorgó.

En un área donde la calidad, la investigación y la rigurosidad académica deberían constituir criterios centrales, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué una credencial académica de semejante importancia necesita tantas aclaraciones para determinar cuál es realmente su respaldo?

El punto no es afirmar que Baravalle no sea especialista ni desconocer su trayectoria profesional. El punto es exigir el mismo estándar de rigurosidad que el Estado debería aplicar cuando evalúa cualquier credencial académica que utiliza para justificar el nombramiento de quien estará al frente de la política científica nacional.