Ravier admitió que Nación retiene fondos del impuesto a los combustibles y complicó a Caputo

El Gobierno nacional reconoció que no destina la totalidad de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles al mantenimiento de las rutas. La admisión fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien aseguró que una parte de esos fondos queda bajo disposición del Ministerio de Economía como parte de la estrategia oficial para alcanzar el equilibrio fiscal.

“No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas”, afirmó Ravier durante una entrevista con El Diario de La Pampa. Luego, ante la consulta sobre cuánto dinero efectivamente se destina a infraestructura vial, respondió: “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van”.

La declaración adquiere especial relevancia porque el impuesto a los combustibles posee una asignación específica vinculada al financiamiento vial. El reconocimiento oficial se conoció además después de que distintas publicaciones revelaran que una parte sustancial de los recursos permanecía sin ejecutar mientras las rutas nacionales atraviesan una situación crítica.

Impuesto a los combustibles: la recaudación que no llega a las rutas

Según los datos difundidos sobre la ejecución del Sistema Vial Integrado, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se acumularon más de $1,5 billones provenientes del impuesto a los combustibles. Hasta mayo de 2026, más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros, mientras la ejecución destinada a infraestructura vial se mantenía muy por debajo de los recursos recaudados.

El nivel de subejecución informado alcanzaría el 73,8%. El dato generó cuestionamientos políticos porque el deterioro de las rutas nacionales se profundizó durante el mismo período, con tramos que presentan baches, falta de mantenimiento, banquinas deterioradas y problemas de infraestructura.

La situación también afecta especialmente a las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel central para el transporte de producción, el turismo, la atención sanitaria y la comunicación entre localidades. En Río Negro, el deterioro de corredores como las rutas 22 y 151 forma parte actualmente de las negociaciones entre el Gobierno provincial y Nación por un eventual traspaso de jurisdicción.

Una denuncia penal contra Caputo y otros funcionarios

La controversia ya había llegado a la Justicia. La diputada nacional Verónica Tolosa Paz presentó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

La presentación apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario Legal y Técnico, Juan Ignacio Stampalija; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; autoridades de Vialidad Nacional y funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido como fiduciarios.

La denuncia cuestiona precisamente el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y sostiene que esos recursos deberían ser aplicados a la finalidad específica establecida por la normativa. La declaración de Ravier podría ahora incorporarse como un nuevo elemento dentro de la investigación judicial, aunque será la Justicia la que determine si existió efectivamente una conducta delictiva.

Ravier volvió a poner a Caputo en el centro de la polémica

Las declaraciones del vocero presidencial colocaron nuevamente a la cartera económica en el centro de una discusión política por el manejo de los recursos públicos. Ravier reconoció que Economía utiliza parte de lo recaudado para contribuir al equilibrio fiscal, aunque no precisó qué monto queda fuera del financiamiento vial.

El Gobierno nacional enfrenta además el reclamo de distintos gobernadores por la distribución y ejecución de los fondos destinados a infraestructura. Mientras las provincias reclaman recursos para mantener rutas que consideran estratégicas, Nación sostiene una política de fuerte contención del gasto para preservar el resultado fiscal.

Ahora, el debate suma una nueva dimensión: si los recursos tienen una asignación específica, la Justicia deberá determinar si la utilización de una parte de ellos con otro objetivo se ajusta al marco legal vigente.

La admisión de Ravier, en ese contexto, vuelve a poner el foco sobre Caputo y sobre una pregunta que atraviesa la discusión: ¿dónde está el dinero que los argentinos pagan en cada carga de combustible y cuánto de ese dinero termina efectivamente en las rutas?