La empresa Mirgor despidió a 300 operarios sin indemnización y dictaron la conciliación obligatoria

Un grave conflicto laboral sacude al polo industrial de la provincia de Tierra del Fuego tras la decisión de la empresa Mirgor —vinculada a la familia del ministro de Economía Luis Caputo— de despedir de forma intempestiva a unos 300 operarios en la ciudad de Río Grande. La firma tecnológica avanzó con las desvinculaciones sin prever el pago de indemnizaciones, invocando de manera unilateral el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre supuestas causas justificadas.

La medida patronal generó un inmediato e intenso repudio en el arco sindical y social de la isla, al advertirse que entre los trabajadores cesanteados se encuentran numerosos representantes de base e integrantes de la comisión directiva del gremio. La embestida corporativa puso en jaque la continuidad operativa de la planta y encendió las alarmas por el impacto socioeconómico que significaría la pérdida masiva de estos puestos de trabajo en la comunidad fueguina.

La UOM denunció persecución sindical y falsedad en las imputaciones

Desde la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazaron de manera categórica los argumentos legales esgrimidos por la compañía para fundamentar el recorte de la plantilla. Las autoridades sindicales remarcaron que el gremio venía manteniendo instancias de diálogo formal desde el mes de marzo en reclamo de mejoras salariales y el cumplimiento de acuerdos previos.

En ese marco, la dirigencia sostuvo que la maniobra esconde un intento deliberado de amedrentamiento y vaciamiento de la representación obrera dentro de los establecimientos industriales. El secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares, fue contundente respecto de la gravedad de los telegramas enviados por la gerencia:

"La empresa lo que plantea es el despido con causa, inclusive el no pago de ningún tipo de indemnización. Las causales planteadas por la compañía son absolutamente falsas e infundadas".

Conciliación obligatoria y el impacto económico en Río Grande

Ante el inminente riesgo de una paralización total de la actividad y la profundización de las protestas en los accesos a las fábricas, la cartera laboral de la provincia dictó de oficio la conciliación obligatoria por un plazo inicial de 15 días. La resolución administrativa obligó a la firma a acatar la medida, retrotraer los despidos a foja cero y permitir el ingreso del personal del turno tarde a sus puestos de trabajo mientras se abren las negociaciones.

A pesar de la tregua dispuesta por las autoridades provinciales, la UOM ratificó el estado de alerta y movilización permanente de sus bases. El cuerpo de delegados exigirá la reincorporación definitiva de la totalidad de las 300 familias afectadas y el cese de la precarización, advirtiendo que la pérdida del poder adquisitivo en un sector clave de la industria surtiría un efecto devastador sobre el consumo, el comercio minorista y la economía local de Río Grande.