Por: Redacción
La reforma de la Ley de Tierras se convirtió en el principal desafío legislativo del Gobierno en la segunda mitad del año. El proyecto llega al Senado sin mayorías claras y con un escenario de paridad que obliga a negociar hasta último momento.
Según fuentes parlamentarias, el resultado está completamente abierto y podría definirse por un solo voto. Tanto en el oficialismo como en la oposición hablan de un “empate técnico” y reconocen que hay senadores que aún no definieron su postura.
La Libertad Avanza contará con el respaldo de su bloque y busca sumar el apoyo del PRO y parte de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, dentro de estos espacios también persisten diferencias internas que mantienen la incertidumbre.
En paralelo, los bloques provinciales y legisladores independientes vuelven a tener un rol clave. Sus votos podrían inclinar la balanza en una sesión que se anticipa ajustada y sin margen para errores.

Unión por la Patria, en tanto, trabaja para consolidar un rechazo unificado. El interbloque peronista sostiene que la iniciativa elimina controles sobre la propiedad de tierras rurales y habilita una mayor participación extranjera en sectores estratégicos.
Además, apunta a captar a senadores dialoguistas que todavía no fijaron posición. En ese contexto, cada voto cuenta y las definiciones podrían llegar recién en el recinto.
Ante este escenario, el presidente Javier Milei adelantó su viaje oficial a Ecuador, una decisión que tiene impacto directo en la votación. Mientras esté fuera del país, Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y no podrá presidir el Senado.
Esto implica que, en caso de empate, la vicepresidenta no podrá ejercer el voto de desempate. Así, un escenario que antes podía favorecer al oficialismo ahora se transforma en un riesgo.

El poroteo cambia hora a hora y nadie arriesga un resultado definitivo. En el oficialismo aseguran estar “muy cerca” de lograr la aprobación, mientras que la oposición confía en poder bloquear el proyecto.
Lo cierto es que el Senado se encamina a una votación inédita: una ley clave para el Gobierno, un recinto dividido y la posibilidad de que todo se defina por apenas un voto, sin la intervención de Victoria Villarruel.