Río Negro frente al desafío habitacional de 240 barrios populares y 36.000 hogares

Por: Redacción

Río Negro enfrenta una realidad que contrasta con su imagen turística: 240 barrios populares donde viven 36.000 familias sin acceso pleno a servicios básicos. Así lo revela un informe elaborado por el investigador Tomás Guevara, que expone no solo la magnitud del problema, sino también la falta de una política estatal integral para abordarlo.

El estudio, realizado en conjunto con el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro, muestra que estos asentamientos crecieron principalmente en las últimas dos décadas. Lejos de ser una herencia histórica, el fenómeno sigue en expansión y evidencia un déficit estructural en planificación urbana.

 

Crece la urbanización informal en Río Negro

De acuerdo al informe, el 4,6% de los hogares rionegrinos se encuentra en barrios populares. Sin embargo, al medir la cantidad de personas, el número asciende al 13% de la población: uno de cada ocho habitantes vive en condiciones precarias.

Este dato posiciona a Río Negro como la provincia con mayor proporción de población en barrios populares de la Patagonia y la cuarta a nivel nacional. La mayoría de estos barrios surgió después del año 2000, lo que indica un crecimiento sostenido de la informalidad urbana.
 

Falta de servicios básicos: luz, agua y gas en condiciones precarias

El informe detalla un panorama crítico en términos de acceso a servicios. Siete de cada diez barrios tienen conexiones eléctricas irregulares, lo que implica riesgos constantes de incendios y accidentes. La situación del agua es similar: en muchos casos llega de manera informal o mediante sistemas precarios.

Además, el 80% de las familias cocina con garrafa y utiliza leña para calefaccionarse, incluso en zonas con inviernos extremos como San Carlos de Bariloche. A esto se suma que el 64% de los barrios no cuenta con sistemas adecuados de saneamiento.

Un vacío estatal en la integración sociourbana

Uno de los puntos más críticos del informe es la ausencia de un organismo provincial encargado de la integración sociourbana. Según el estudio, las responsabilidades están dispersas entre distintas áreas, sin coordinación ni planificación centralizada.

“Río Negro no tiene hoy ningún organismo que se ocupe específicamente de estos barrios”, advierte el documento, que plantea la necesidad de una intervención urgente del Estado provincial.

 

Propuestas: adhesión a la ley nacional y creación de un ente específico

El trabajo propone que la provincia adhiera a la Ley 27.453, que promueve la integración de barrios populares, y que cree un organismo específico similar al OPISU bonaerense.

También sugiere financiar estas políticas con el 15% de las regalías mineras. Con ese esquema, se podrían urbanizar unos 50 barrios por gestión, lo que implicaría un plazo estimado de 20 años para resolver el problema.

El informe deja planteada una pregunta central: si el diagnóstico ya está hecho, resta saber si el Estado provincial está dispuesto a actuar o si estos barrios seguirán creciendo al margen de toda planificación.